Una herencia con secuelas

Carmen Fernández murió en diciembre de 2007 sin saber que, seis semanas después, el Tribunal Constitucional le iba a reconocer el derecho a una indemnización millonaria por un error sin precio: la retirada irregular en 1996 de sus hijos Iván y Sara por parte de la Junta de Andalucía. El dinero llegó, por fin, a manos de la albacea el pasado mes de mayo y el caso se daba por cerrado. Pero el reparto de la herencia va camino de acabar también en los tribunales.

Los que conocieron a Carmen aseguran que el dinero le importaba poco. Probablemente le costaría entender las disputas que su herencia está originando. La mujer tiene cuatro herederos legales: los dos hijos a los que la administración declaró en desamparo y otros dos nacidos de un matrimonio anterior. Según el testamento, cuyo contenido adelantó ayer Efe, Carmen dejó escrito que a Sara, la hija que con 16 años decidió emanciparse para volver con su madre, le corresponda la mayor parte de su herencia, cifrada en 1,5 millones (equivalente a los 1.703.000 euros de la indemnización menos las cantidades entregadas a cuenta). Una vez hecho el reparto, Sara, que está interna en un centro de menores, se quedará con 713.272. Los otros tres, con el mínimo legal: 79.252.

En su litigio con la administración, al que dedicó los últimos 12 años de su vida, Carmen estuvo acompañada por el abogado sevillano Gabriel Velamazán. La factura que éste ha pasado a los herederos asciende a 967.583 euros, aunque en virtud de un pacto firmado entre el abogado y la fallecida se reduciría hasta 517. 101 euros, una cifra que ha debido molestar a alguna de las partes del proceso.

46 actuaciones

Este periódico ha recibido en las últimas semanas varios correos anónimos con una copia adjunta de la minuta del letrado. La misma recoge 46 actuaciones, desde los primeros procedimientos contra la declaración de desamparo y los recursos contra el TSJA y el Constitucional a gestiones diversas por problemas legales surgidos con Sara, que estuvo detenida en la República Dominicana hasta el pasado mes de julio.

Velamazán, que se mostró ayer indignado por la difusión del documento, defiende la minuta. "Es una barbaridad vincular la minuta al pleito por la retirada de los hijos. Yo no cobro 500.000 euros por haber conseguido 1,7 millones. Eso es no decir la verdad. La minuta por el caso indemnizado es mucho menor, pero hay decenas de actuaciones más a lo largo de 12 años", afirma el abogado. Velamazán advierte además que su factura está sujeta a un IRPF superior al 40% y un 16% de IVA. "Hay que restarle esa cantidad, yo no voy a cobrar 500.000", afirma el letrado, quien sostiene que ha "aminorado mucho" la minuta respecto a las normas de honorarios del colegio de abogados.

Velamazán recuerda que "se reserva el derecho" a cobrar la minuta íntegra, de casi un millón de euros, si alguno de los herederos impugna el reparto y afirma sentirse "sorprendido" por la actitud de alguna de las partes. "Quienes trataron a Carmen como la trataron que no se lleven ahora las manos a la cabeza cuando ella ha decidido dejarles menos dinero", apunta el letrado, quien asegura que el reparto "cumple estrictamente la voluntad de Carmen". El letrado advierte que, además de él, otros profesionales como psicólogos, médicos y procuradores, trabajaron con la fallecida durante más de una década. "Ella quería que si alguna vez le concedían la indemnización, se pagara hasta el último céntimo a todos los que estos años no han cobrado nada", apunta el abogado. "Que los que estuvimos a las duras, estuviéramos a las maduras".