La reforma que convalida las penas a presos de ETA deja en libertad a ‘Pototo’, cerebro del secuestro de Ortega Lara

El exjefe de ETA Julen Atxurra Egurrola, alias Pototo y Erreka, salió en libertad este martes del Centro Penitenciario de Zaballa (Álava) tras aplicarle la Audiencia Nacional la reforma legislativa aprobada por unanimidad en el Congreso en septiembre de 2024 que permite que se descuente a los presos de la organización terrorista el tiempo de pena cumplido por el mismo delito en otro país, según ha informado el colectivo de apoyo a presos Etxerat y ha confirmado EL PAÍS en fuentes del Gobierno vasco. Pototo, que fue jefe del aparato logístico y responsable de los comandos de la banda, fue condenado a 32 años por idear el secuestro en 1996 del funcionario de Prisiones José Antonio Ortega Lara. También acumulaba decenas de años de pena por ordenar el secuestro del industrial Julio Iglesias Zamora en 1993, participar en 1986 en dos atentados frustrados contra la Guardia Civil en las localidades vizcaínas de Durango y Barakaldo, y por el asesinato de un policía en Galdakao en 1990. Detenido en julio de 1996 en Francia, tras pasar 17 años en cárceles de este país, fue entregado a la justicia española en 2013.

Con él ya son cuatro los miembros de ETA que han conseguido salir en libertad tras considerar la justicia que ya han extinguido sus penas en aplicación de aquel cambio legal que, cuando se aprobó, provocó una enorme bronca política. Antes habían sido excarcelados Jon Mirena San Pedro, Balbino Sáenz Olarra y José María Dorronsoro. El exjefe de los Grapo Manuel Pérez Martínez, camarada Arenas, también se ha beneficiado de la medida. Las convalidaciones de penas se realizan a petición de los etarras y son los tribunales de la Audiencia Nacional que dictaron la última sentencia contra ellos los que se pronuncian tras recibir un informe de la Fiscalía.

Según detallan fuentes jurídicas, más de 20 reclusos de la organización terrorista y de los Grapo lo han pedido desde que se aprobó la reforma legal. Para hacer el cálculo, los magistrados piden a París tanto las sentencias francesas por las que estos fueron condenados como el detalle de las penas realmente cumplidas por los etarras por si se han visto reducidas por redenciones y beneficios penitenciarios en aquel país. Este último dato es el que se utiliza para realizar la nueva liquidación de condena. “La aplicación no es inmediata. Hay que cerciorarse y tener todos los datos de las condenas efectivamente cumplidas en Francia”, recalcan fuentes de la Fiscalía.

Cuando se reformó la ley, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) denunció que la nueva norma beneficiaría a 44 presos de ETA. Esta cifra fue elevada hasta 52 por Sare, una plataforma ciudadana de apoyo a los internos etarras. Esta plataforma estimaba entonces que 15 antiguos terroristas que, cuando se aprobó la norma a finales de 2024, ya estaban en libertad, hubieran podido salir de prisión anticipadamente si la medida se hubiera aplicado antes. A finales del pasado marzo había 119 presos de la organización terrorista en prisión, de los que 114 están en cárceles de Euskadi, tres en la de Pamplona y los dos últimos en Francia.

La norma que ha permitido ahora salir de prisión a Pototo surge de una propuesta del Gobierno para reformar la ley orgánica que, en 2014, aprobó el Gobierno de Mariano Rajoy para regular “el intercambio de información de antecedentes penales y consideración de resoluciones judiciales penales en la Unión Europea”. Este texto legal inicial debía homogeneizar el cumplimiento de las penas en los países miembros de la UE para que una persona no cumpliera por un mismo delito dos o más condenas en diferentes estados.

Sin embargo, la ley española aprobada por el PP gracias a la mayoría absoluta que tenía entonces incluyó una disposición adicional de 36 palabras por la cual la nueva norma no era aplicable a aquellas sentencias dictadas antes del 15 de agosto de 2010, que era la fecha tope en la que se debía haber trasladado la directiva comunitaria a la legislación española. Ese párrafo supuso en la práctica que la norma no beneficiaba en aquel momento a 69 presos de ETA que cumplían condena en España tras haber pasado por cárceles francesas.

Aquel punto desató una batalla legal iniciada por los presos de ETA ―que tres años antes había anunciado el “cese definitivo” de la violencia― para que se les contabilizasen los años que muchos de ellos habían pasado en cárceles de Francia (en la mayoría por el delito de asociación de malhechores, similar al de pertenencia a organización terrorista del Código Penal español) y se les descontasen, cuando eran entregados y condenados por la Audiencia Nacional, de los 30 o 40 años que la legislación española fija de cumplimiento máximo para los casos de terrorismo.

Sin embargo, la Audiencia Nacional, en primer lugar, y más tarde el Tribunal Supremo y el Constitucional desestimaron sus recursos. Ante esas negativas de la justicia española, 24 presos de ETA presentaron en 2016 otros tantos recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) de Estrasburgo, en un último intento de que la reforma legal les beneficiara. Sin embargo, el Tribunal de Estrasburgo los rechazó en 2018. Esta última sentencia se interpretó en España como un aval a la ley que esquivaba la convalidación de penas a los miembros de ETA, pero lo cierto es que el fallo del TEDH solo se pronunciaba sobre si la aplicación retroactiva de la norma española vulneraba los derechos fundamentales de los etarras. Ese mismo año, el PNV presentó en el Congreso una proposición para reformar la ley y, en concreto, eliminar el párrafo, pero no prosperó.

Todo cambió en octubre de 2024, cuando se planteó una reforma de la ley de Rajoy para trasponer una directiva europea sobre la comunicación de los antecedentes penales entre los Estados miembros. Durante el trámite parlamentario, Sumar introdujo la enmienda que permitía a los miembros de ETA convalidar las penas que cumplieron en otros países. Entonces recibió el visto bueno de todos los grupos del Congreso y solo se conoció que beneficiaba a los miembros de ETA por una información periodística. El PP aseguró entonces que había votado a favor de la medida en el Congreso tras ser supuestamente engañado por el Gobierno, al que acusó de hacer una maniobra que tildó de “inconstitucional”. La polémica política no impidió que finalmente saliera adelante y comenzara a aplicarse.