Bagdad abre el grifo

La decisión iraquí de abrir la puja internacional por sus yacimientos petrolíferos más importantes, que permitirá la vuelta al país árabe de las grandes multinacionales del crudo 30 años después, supone un gesto de gran alcance político interno y con implicaciones económicas relevantes a medio plazo. Y cargado de riesgos si el inestable Gobierno de Bagdad no ejecuta escrupulosamente cada uno de sus pasos. Los gigantes del petróleo necesitan seguridad física y jurídica.

Pese a indudables progresos en los últimos tiempos, la violencia sigue siendo rampante en muchas regiones de Irak y los sabotajes están a la orden del día en algunas de las zonas que atraviesan 7.000 kilómetros de oleoductos. El Ejecutivo que preside el chií Nuri al Maliki se ha enfrentado a algunos de los más fanáticos de sus correligionarios y conseguido que sus fuerzas armadas, cada vez con menor concurso estadounidense, comiencen a estabilizar provincias que parecían irrecuperables para la vida. Pero todavía permanecen fuera de ese Gobierno, aparentemente por poco tiempo, los principales partidos suníes que lo abandonaron hace casi un año; y en el Parlamento de Bagdad sigue empantanada por discrepancias sectarias y territoriales la ley nacional del petróleo que debería fijar las condiciones de explotación del maná iraquí y el reparto de sus beneficios entre el Estado federal y las 18 provincias. Los kurdos han comenzado a otorgar a compañías extranjeras contratos de exploración y exportación en los yacimientos que controlan en el norte del país.

Con todas sus incertidumbres, la iniciativa iraquí, que tardará al menos un año en materializarse formalmente, es tan inevitable como alentadora en un país devastado que pugna por salir del infierno, también económico, que habita. Irak es la tercera potencia petrolífera en reservas probadas. Su industria, que llegó a producir tres millones y medio de barriles diarios, ha quedado tecnológicamente detenida en el túnel del tiempo. Su irrupción modernizada en el mercado aliviaría sin duda los disparados precios del crudo, actuales y venideros. Pero para eso es imprescindible una ley parlamentaria que regule con absoluta transparencia y garantías el proceso ahora balbuciente. Sobre todo en un país donde siguen plenamente vigentes las suspicacias sobre las intenciones reales de la invasión estadounidense hace cinco años.