El PSOE ofrece a Costas una vía para alargar la actividad de Fertiberia

El PSOE de Huelva ha decidido intervenir en la tormenta legal, social y medioambiental que afecta a la fábrica de Fertiberia y en la que están implicados el Gobierno, la Junta y sindicatos. Los socialistas apostaron ayer por ejecutar la sentencia de la Audiencia Nacional que declara extinguida la licencia que permite a la factoría de fertilizantes verter sus residuos (fosfoyesos) en las marismas del Tinto de titularidad pública- y que obliga a restaurar medioambientalmente la zona. Fertiberia recurrió el fallo ante el Supremo.

El PSOE marca dos plazos para cumplir la sentencia: por un lado, se reducirá de manera paulatina el vertido hasta principios de 2012, momento en el que dejará de depositarse residuos. A partir de ese momento, y durante dos años, se procederá a la recuperación de los terrenos.

La Dirección General de Costas, que había fijado el fin de los vertidos para 2011, no quiso pronunciarse en detalle acerca de la propuesta socialista, al no conocerla en profundidad. Pero algunas fuentes destacaron que "todo lo que contemple reducir paulatinamente los vertidos es positivo". Las mismas voces recordaron, no obstante, que cualquier prórroga al fin del uso de las balsas de fosfoyesos debe estar perfectamente fundamentada en razones técnicas. Costas afirma que Fertiberia ha venido defendiendo el fin de los vertidos en 2012 no por razones técnicas, sino económicas, que implican un aumento sustancial de la actividad de la planta y, por tanto de los vertidos, hasta su cese. Algo que va en contra del espíritu de la sentencia de la Audiencia Nacional.

La propuesta del PSOE trata, por tanto, de acercar las posturas enfrentadas de Fertiberia y de la Dirección General de Costas. El secretario de Organización del PSOE de Huelva, Mario Jiménez, pidió responsabilidad a los implicados y afirmó que "frente a las demagogias baratas y el fundamentalismo ecologista, este acuerdo puede posibilitar la preservación del medio ambiente, el cumplimiento de la sentencia de la Audiencia Nacional y el mantenimiento del empleo y las rentas para 700 trabajadores y sus familias".