La Síndic cree que Alperi vulneró la Ley de la Memoria

La ocurrencia del alcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, de negarse a retirar los honores al dictador Francisco Franco, tal y como solicitó el Grupo Socialista, y pedir 25.000 firmas para cambiar de opinión le ha llevado a la Sindicatura de Greuges. La titular del ente, Emilia Caballero, ha admitido a trámite la queja presentada por la Plataforma de Iniciativas Ciudadanas (PIC) contra el Ayuntamiento de Alicante y su alcalde por negarse "a aplicar la Ley de Momoria Histórica".

La plataforma cívica argumentó que el alcalde "está supeditando el cumplimiento de la ley a un requisito no previsto por la misma, como es la recogida de 25.000 firmas, lo que en términos jurídicos es inaceptable". El colectivo considera que Alperi, al realizar una propuesta que califica de "estrambótica" y "disparatada", "respalda, apoya y ampara al franquismo a través de símbolos caducos sobre los que debería avergonzarse". La PIC tilda, finalmente, de "indecencia política" la petición de Alperi, al que califica de "alcalde predemocrático".

La negativa de Alperi a retirar el título de "Hijo Predilecto" y de "Alcalde Honorario Perpetuo", que en su momento la ciudad de Alicante entregó a Franco, se produjo a raíz de una moción presentada en el pleno de febrero por el PSPV-PSOE. Su portavoz, Etelvina Andreu, esgrimió durante su argumentario en la sesión que la moción se planteaba en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica. La respuesta de Alperi fue contundente. El alcalde, tras defender que en los años setenta mantuvo "reuniones clandestinas para traer la democracia", aseguró que el asunto no preocupa a los alicantinos y desechó una iniciativa que consideró "oportunista" y "electoralista".