Un socio del líder del PP de Pontevedra cobró en mano dinero negro

Veinticuatro propietarios de pisos protegidos en el edificio Castelao, en Vigo (Pontevedra), han reconocido haber pagado sobreprecios de entre 12.000 y 46.000 euros a la empresa Construcuatro y a dos agencias inmobiliarias de la ciudad, según figura en las diligencias previas que instruye la titular del Juzgado número 2 de Vigo. En sus testimonios, algunos compradores reconocen que entregaron en mano dinero negro a José Manuel Torres, copropietario de Construcuatro junto al presidente del Partido Popular de Pontevedra, Telmo Martín, y a un tercer socio, Eugenio Sobral.

"Ingresé 18.000 euros a través de una transferencia bancaria a Construcuatro porque esa cantidad formaba parte del precio oficial del piso, pero los otros 33.000 euros [de la comisión ilegal] se los entregué en un sobre a José Manuel Torres, de Construcuatro". Es uno de los últimos testimonios de compradores de viviendas en el edificio Castelao que la titular del Juzgado número 2 de Vigo tiene sobre la mesa.

José Manuel Torres García, uno de los copropietarios de Construcuatro, está acusado de cobrar los sobreprecios a cambio de formalizar los contratos para los pisos de protección oficial.

José Manuel Torres, a cuyo nombre figuran el 33% de las acciones de Construcuatro, es citado en otras dos declaraciones de los 24 compradores que han reconocido haber pagado sobreprecios, después de que los representantes de la promotora les amenazasen con no venderles los pisos.

Según el expediente abierto por la Consejería de Vivienda y que ha sido incorporado por la juez a las diligencias previas, otros dos vecinos del edificio aseguraron haber entregado en la inmobiliaria Silva -una de las dos, junto a la agencia Veiga, que actuaron como intermediarias de Construcuatro- 32.000 y 35.500 euros en dinero negro. Ambos denunciantes afirmaron que fue el personal de la agencia quien les explicó que los pagos debían hacerse de ese modo "porque así lo había decidido el señor Torres, apoderado de Construcuatro".

El resultado de los cuestionarios distribuidos por la consejería a los propietarios de los inmuebles constituye, según fuentes cercanas a la investigación, la principal prueba del fraude, junto a las dos grabaciones de voz autorizadas por la juez que ponen de manifiesto el cobro de sobreprecios por parte de un tercer intermediario, P. T.

De los datos aportados por casi la mitad de los compradores de los pisos se deriva que al menos 24 desembolsaron cantidades en dinero B, que oscilan entre los 12.000 y los 46.000 euros. Un porcentaje significativo de propietarios reconoció los pagos, pero eludió detallar el importe concreto y también el nombre de los intermediarios a los que entregados los sobres. Frente a estos testimonios, un tercer grupo de compradores, aproximadamente la mitad, ha negado tajantemente la existencia de sobreprecios.