Movilizaciones justificadas

En respuesta al editorial publicado por su periódico el pasado día 17 de septiembre bajo el título Cercanías en disputa, quisiera plantear los motivos fundamentales que nos han llevado, junto al resto de sindicatos con representación en los comités de empresa de Renfe Operadora y Adif, a convocar distintas jornadas de huelga en las próximas fechas.

En primer lugar, este sindicato ha venido llevando a cabo diversos intentos frustrados para recibir, por parte del Ministerio de Fomento, información sobre la evolución del modelo de gestión de las cercanías ferroviarias, que será de aplicación en las comunidades autónomas (empezando por la catalana), en el que se está trabajando y a propósito del cual la organización a la que represento tiene mucho que aportar, por experiencia y conocimiento del sector ferroviario. El silencio ha sido la respuesta.

En segundo lugar, la opacidad informativa de la Administración central y de los máximos responsables empresariales de las empresas anteriormente citadas ha ido generando un grado de inquietud entre los trabajadores de Renfe y Adif que puede resumirse en las siguientes cuestiones: ¿va a ser transferida una parte de la plantilla de estas empresas a la Generalitat de Cataluña? ¿En qué condiciones?

En tercer lugar -y dejando claro que no nos oponemos a la transferencia del servicio de Cercanías- nos preguntamos qué se va a transferir. En este sentido, entendemos que puede ser eficaz la planificación de infraestructuras, de la política tarifaria o de la frecuencia en los servicios. Sin embargo, nos preocupa que se opte por ir más allá. ¿Va a segregarse la empresa Renfe Operadora? Si así fuera, debemos advertir sobre el riesgo que este hecho podría conllevar no sólo para la red de Cercanías -donde los índices de cobertura de Madrid y Barcelona permiten mantener el resto de redes territoriales-, sino también para la viabilidad de diversas líneas de negocio de Renfe.

Por último, recordar que el actual modelo de gestión (a pesar de las graves incidencias sufridas por los ciudadanos de Cataluña) se ha revelado seguro y eficaz a lo largo de las últimas décadas. Si este modelo tiene que redefinirse, entendemos que debe ser con la participación y la opinión de los representantes de la sociedad civil de este país, y, en ese sentido, un sindicato de clase como UGT tiene mucho que decir.