"Navarra no se gestionó bien"

El Gobierno de Navarra, presidido por Miguel Sanz, de Unión del Pueblo Navarro (UPN), se mantiene abierto para tratar con los socialistas navarros la retirada de los recursos de inconstitucionalidad que presentaron contra la Ley de Dependencia en la pasada legislatura. Alberto Catalán, consejero portavoz del Gobierno navarro, aseguró ayer que "es una cuestión de la que hay que hablar" a fin de conseguir "la buena relación que tiene que establecerse con el Gobierno central".

Esta expresión del Gobierno navarro, conocida ayer, sería otra muestra del compromiso de distensión adquirido con el Ejecutivo central tras la decisión de la Ejecutiva federal del PSOE, impuesta al PSN, de dejar gobernar a UPN en la comunidad foral.

Esta decisión, muy criticada en la izquierda navarra y, también, en la vasca, donde puede acarrear costes a los socialistas, la han argumentado el Gobierno central y el PSOE en la necesidad de avanzar en la vertebración y cohesión de Navarra. "Navarra ha sido utilizada por el PP como elemento de confrontación y división entre los españoles, de los navarros entre sí y como elemento principal para atacar la política antiterrorista del Gobierno. El que UPN, la fuerza más votada en las elecciones del 27-M, pueda formar Gobierno, con el consentimiento de los socialistas, va a permitir que UPN desarrolle su autonomía respecto del PP en materias clave, y trabajar en común con el Gobierno socialista en política antiterrorista, lo que es muy importante para el futuro de las relaciones políticas en Navarra", señalan fuentes socialistas.

No obstante, tanto fuentes del Gobierno socialista como del PSOE admiten que "no se gestionó bien el proceso de negociaciones posteriores a las elecciones del 27-M para formar el Gobierno en Navarra". Y, particularmente, las conversaciones con la coalición Nafarroa Bai, que se alargaron durante dos meses, cuando la Ejecutiva Federal del PSOE ya había decidido, con mucha antelación, que quien debía gobernar era UPN.