Trabajo estrecha la vigilancia contra los accidentes laborales

El cerco judicial a los accidentes de trabajo requiere una mayor coordinación de quienes los persiguen. El Ministerio de Trabajo va a firmar un acuerdo con la policía, los jueces y los fiscales para que no desaparezcan pruebas en los accidentes y que la culpa recaiga en el verdadero responsable del siniestro, no en intermediarios. Cada año mueren en España unas 1.000 personas en su puesto de trabajo.

Los inspectores, la policía, los fiscales y los jueces trabajarán con unos criterios comunes para que la persecución de los delitos por accidentes laborales sea más eficaz. Así lo anunció ayer el ministro de Trabajo, Jesús Caldera, en una comparecencia parlamentaria. Este departamento firmará en los próximos días un acuerdo de colaboración con esos organismos. "Se pretende que ningún supuesto penalmente responsable quede sin investigarse ni enjuiciarse y que se condene a los sujetos reales y no sólo formalmente responsables", enfatizó el ministro, según informa Europa Press.

Los siniestros se perseguirán "con el máximo rigor que corresponda, incluida la cárcel", añadió Caldera. La prisión ya está contemplada tanto en los delitos de riesgo como en los que provocan la muerte o la lesión de un trabajador. Sin embargo, en muchos casos la culpa no recae en el verdadero responsable, sino en un subcontratista. "Se trata de que se condene al promotor, al constructor, al que tiene la prevención en su mano", explica Raimundo Aragón, director general de la Inspección.

La persecución judicial de los accidentes es aún muy laxa. La mitad de ellos escapa a la justicia, según datos de la fiscalía especial para siniestralidad laboral, aunque las cifras mejoran. El año pasado murieron 966 personas en su puesto de trabajo.

Esa necesidad que tiene la Inspección de coordinarse con el resto de los poderes públicos figura en el gran acuerdo de siniestralidad laboral firmado recientemente entre el Gobierno, la patronal y los sindicatos. Trabajo presentará hoy a los agentes sociales las medidas más urgentes de ese amplio proyecto. A partir de septiembre, explicó Caldera, se prestará asistencia técnica al empresario que cuente con menos de 10 trabajadores y se estudiará la puesta en marcha de un sistema que premie a las empresas que respetan la ley y castigue a las incumplidoras.

Además de accidentes, la Inspección recibe cada vez más denuncias de discriminación laboral por razón de sexo. En los seis primeros meses del año llegaron a este organismo 108, un 15,4% más que en el mismo periodo de 2006.