"Una decisión histórica"

"Es una decisión histórica de la mayor importancia", asegura David Kessler -que a pesar del apellido no tiene ninguna relación con la juez Kessler-. Como comisionado dentro de la Administración de Alimentos y Medicinas durante la etapa del presidente Bill Clinton, Kessler lideró un esfuerzo sin precedentes para regular el tabaco.

"El fallo pone punto y final al debate sobre qué sabía la industria y qué no hizo durante años", ha declarado ahora al diario The Washington Post. "Estamos ante la mayor conspiración conocida para poner en peligro la salud de las personas y este fallo lo deja absolutamente claro", finaliza Kessler.

Los objetivos de la demanda de 1999 eran Altria Group y su unidad Philip Morris USA, Lorillard Tobacco de Loews, Carolina Group, Liggett Group de Vector Group, R.J. Reynolds Tobacco de Reynolds American y British American Tobacco, una filial de British American Tobacco Investments.

"Pongámoslo de una forma más coloquial y menos legal: durante más de 50 años, los acusados mintieron, distorsionaron y engañaron al público estadounidense, incluyendo jóvenes a los que ávidamente buscaban como nuevos fumadores", expone Kessler en su argumentación.

La juez añade que las compañías "suprimieron investigaciones, destruyeron documentos y manipularon el uso de la nicotina para incrementar y perpetuar la adicción, así como abusaron del sistema judicial para conseguir su objetivo: hacer dinero con poco o ningún respeto hacia la salud individual o la integridad del sistema legal".

El caso federal visto por la juez Kessler se remonta al discurso con el que en 1999 el entonces presidente Bill Clinton prometió en su discurso de la Unión que el Departamento de Justicia abriría un pleito civil por crimen organizado contra las empresas tabacaleras.

El pleito iniciado ese mismo año fue uno de los más ambiciosos emprendidos por una Administración y se dedicaron ingentes recursos para acusar a las empresas de ejecutar durante décadas un fraude a través de publicidad engañosa.

Pero la llegada al poder del actual presidente republicano George W. Bush en el año 2000, quien recibe importantes donaciones de la industria del tabaco, trajo consigo una revisión del caso.

John Ashcroft, recién nombrado entonces fiscal general, calificó el pleito de "débil" y promovió llegar a un acuerdo fuera de los tribunales.