El presidente de la patronal navarra asegura que es un "hecho probado" el envío de cartas

El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra, José Manuel Ayesa, sostiene que es un "hecho probado, y verificado", el envío de una nueva remesa de cartas a los empresarios del País Vasco. Cartas que sin embargo la patronal vasca Confebask afirma desconocer. Un portavoz de esa confederación empresarial reiteró ayer que comparten los criterios de verificación de alto el fuego del Gobierno.

Ayesa denunció en abril el envío de cartas que posiblemente fueron redactadas antes de la tregua. El pasado día 14 denunció la existencia de una nueva remesa posterior al alto el fuego permanente. El presidente de la Confederación de Empresarios de Navarra apoyó sus revelaciones en que la existencia de esos documentos "ha sido reconocida y comprobada por ámbitos antiterroristas y trasladada al juez Fernando Grande-Marlaska" que en la actualidad, dijo, lo estaría estudiando.

Sin embargo, aunque dispone de información sobre cartas a los empresarios vascos, Ayesa dijo desconocer si las han recibido los empresarios navarros a los que representa. Acto seguido rechazó que con sus revelaciones quiera obstaculizar el proceso de paz porque "somos los primeros que queremos que el proceso continúe" pero es necesario que el Gobierno "cumpla lo que dice".

El secretario del PSE de Álava, Juan Carlos Prieto, dijo desconocer si hay cartas pero advirtió de que el PSOE "no tolerará actos terroristas a ningún nivel".

A este respecto, el presidente de la Asociación Víctimas del Terrorismo (AVT), Francisco José Alcaraz, acusó ayer al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "volver a mentir a todos los españoles" respecto a las cartas de extorsión supuestamente enviadas por ETA a empresarios vascos.

Para Alcaraz, el denunciado envío de esas cartas es de suficiente trascendencia como para que el Gobierno interrumpa "el proceso mal llamado de paz" y "las cesiones" del Gobierno ante el "chantaje de ETA". Según dijo, la decisión del Ejecutivo de seguir adelante con el diálogo, "sabiendo que hay actividad terrorista", demuestra que es ETA la que maneja la situación, "la que marca los tiempos y la que impone los criterios del proceso".