Fuentes abandona la cárcel tras pasar casi 19 horas

Eufemiano Fuentes permaneció18 horas y 50 minutos en el centro penitenciario de Soto del Real (Madrid). Entró ayer a la 1.40 de la mañana y salió a las 20.30. Horas antes, a las 16, su madre había hecho efectiva una fianza de 120.000 euros, fijada por el juez de guardia, en los Juzgados de la Plaza de Castilla de Madrid.

Fuentes no hizo declaraciones a los periodistas que lo solicitaron en la puerta del centro. Lo abandonó en un todoterreno acompañado de su abogado, Julián Pérez Templado, y de su madre. Fuentes permaneció en el módulo de ingresos de la prisión en una celda compartida con otro interno.

Fuentes, médico deportivo, y José Luis Merino Batres, hematólogo, que eludió la prisión al abonar la fianza antes, han sido implícitamente imputados en un delito contra la salud pública por la práctica de autotransfusiones sanguíneas de deportistas en diversos locales de Madrid. La instrucción del caso, que lleva el juzgado número 31 de Plaza Castilla, proseguirá cuando el juez regrese de su permiso y estudie las diligencias practicadas por la Guardia Civil antes de decidir por dónde seguir.

Liberty pagará a los ciclistas hasta final de temporada aunque haya rescindido el contrato

Una de sus primeras medidas será, probablemente, encargar las pruebas periciales necesarias para identificar con absoluta seguridad a los propietarios de las docenas de bolsas de sangre almacenada en arcones refrigerados en varios apartamentos de Madrid. El juez podría solicitar a la Unión Ciclista Internacional (UCI) que contraste la información que se le envíe de Madrid con sus bases de datos que contienen los parámetros hemáticos de centenares de ciclistas en los últimos años. Más complicado será que puedan comparar los ADN: la UCI no practica esa prueba cuando somete a los corredores a controles de sangre y tampoco, al menos oficialmente, conserva las muestras de sangre de los ciclistas.

Según otras fuentes, sin embargo, el juez no tendría ninguna necesidad de probar que los acusados han realizado prácticas dopantes -cuestión aceptada implícitamente en sus declaraciones ante la Guardia Civil y el juez- para fundamentar el supuesto de delito contra la salud pública que es por el único por el que se les puede perseguir dada la situación legislativa actual en España.

Ello significaría que no tendrá la necesidad de llamar a declarar a ninguno de los deportistas identificados por la Guardia Civil en las escuchas telefónicas, en las fotografías entrando y saliendo de los pisos vigilados, o en las grabaciones de vídeo. No por ello no dejarán de publicarse los próximos días, en cuanto se levante el secreto de sumario, los nombres de algunos ciclistas de primera línea mundial.

Otros dos detenidos en la Operación Puerto, que se puso en marcha en febrero pasado y culminó el pasado martes con cinco arrestos, Ignacio Labarta, de Zaragoza, hasta el jueves segundo director del equipo Comunidad Valenciana, y Alberto León, de San Lorenzo del Escorial, ex corredor de mountain bike, están en libertad con cargos. El juez les ha prohibido abandonar España y deberán presentarse quincenalmente en el juzgado. El quinto detenido, Manolo Saiz, director del equipo al que Liberty Seguros retiró el patrocinio el jueves, y propietario al 50% de Active Bay, la sociedad que lo gestiona, fue puesto en libertad después de declarar ante la Guardia Civil el pasado miércoles. Según su abogado, Carlos Bueren, será el juez del 31 quien decida si procede a su imputación, quien lo llame a declarar o no.

Su equipo, mientras tanto, lucha para sobrevivir. Ayer, llegó a un acuerdo de rescisión con Liberty Mutual, de Boston, por el que la compañía de seguros norteamericana se comprometía a abonar la ficha de los corredores hasta final de esta temporada.