Consejo fuera de lugar

El Consejo General del Poder Judicial, dominado por la mayoría conservadora afín al PP, ha decidido por su cuenta opinar institucionalmente sobre el proyecto de reforma del Estatuto catalán, extralimitándose en las facultades regladas de informe que le atribuye la ley. No es la primera vez que los vocales conservadores arrastran a la institución a tomas de posición extemporáneas -existe el precedente de la reforma del Código Civil sobre el matrimonio homosexual-, haciéndolo además siempre en asuntos en los que el principal partido de la oposición tiene un especial interés político. El CGPJ pretende erigirse así, de hecho, en una especie de tercera Cámara legislativa, violando el papel que le asigna la Constitución, y en la que el PP trata de hacer valer la mayoría de la que aún goza en ese órgano y que perdió en el Congreso y el Senado tras las elecciones de 2004.

El PP solicitó a la Mesa del Congreso que pidiera un informe al CGPJ sobre la propuesta de reforma llegada a las Cortes. Ese informe, no preceptivo, es un trámite previsto en la ley, pero el Congreso lo desechó, por lo que el Consejo se inmiscuye en un debate al que no ha sido llamado. La iniciativa de los vocales conservadores carece, por tanto, de respaldo legal, lo que la convierte en un elemento perturbador que no ayuda a serenar los ánimos. En una democracia, el respeto a los procedimientos es una exigencia básica, y si quien lo vulnera es el CGPJ la cosa adquiere tintes especialmente preocupantes. ¿A qué institución piensa remitir el Consejo el informe que nadie le ha solicitado? ¿O se trata sólo de emitir un informe público para contribuir a la campaña de agitación que ha organizado el PP en toda suerte de instituciones a cuenta del Estatuto catalán?

El argumento de los vocales conservadores de que el proyecto afecta a la organización judicial y que, por tanto, están obligados a pronunciarse no se tiene en pie. En primer lugar, porque ese pronunciamiento sólo puede llevarse a cabo a petición del Parlamento. Y, en segundo, porque ya se han pronunciado a instancias del Gobierno, y esta vez de acuerdo con las previsiones legales, sobre la reforma de la Ley del Poder Judicial, que contempla aspectos de la organización judicial recogidos en el proyecto estatutario. Dar a entender que el Estatuto catalán no se atendrá a esta ley básica son ganas de confundir y alarmar todavía más.