La Agencia Tributaria rechaza la creación de organismos autonómicos

El director de la Agencia Tributaria, Luis Pedroche, alertó ayer contra los proyectos de crear agencias regionales para gestionar los tributos de cada territorio. "El Estado no puede renunciar a su espacio fiscal", señaló Pedroche en el congreso anual de Inspectores de Hacienda.

El responsable de la Agencia avanzó que a finales de noviembre estará lista la ley de prevención del fraude fiscal. Entre las principales novedades figurará un refuerzo de las labores del servicio de vigilancia aduanera, que podrá perseguir cualquier delito fiscal con una vertiente criminal.

Al director de la Agencia Tributaria le resulta impensable prestar servicios tan cotidianos como el envío de datos fiscales al domicilio, la realización del borrador de declaración al contribuyente o la tramitación de devoluciones sin una administración tributaria única. Crear organismos autonómicos propios, como propone Cataluña, entorpecería esta labor y alargaría los plazos en los que la Agencia desarrolla, por ejemplo, la campaña de renta.

Pedroche se mostró contrario a las propuestas económicas que contiene el Estatuto de Cataluña, del que considera que "desborda los límites de la Constitución". El responsable augura que, de llevar esta propuesta hasta sus últimas consecuencias

[el Estatuto propone recaudar y gestionar los impuestos en Cataluña y ceder una parte al Estado], desaparecería el nivel estatal de la administración: "Los enfoques localistas están llamados al fracaso". Con los argumentos de Pedroche también coincidieron anteriores directores de la Agencia Tributaria.

Pese a todo, el director de la Agencia reconoció la necesidad de que las comunidades se impliquen más en su funcionamiento. Para ello propuso que estuvieran representadas mediante una especie de consejo de administración que garantice su papel en la planificación y gestión de la estrategia tributaria. Respecto a la lucha contra el fraude, Pedroche se mostró "razonablemente satisfecho" con la evolución del plan de prevención del fraude fiscal, en funcionamiento desde el pasado mes de enero.