La regularización ya ha convertido en cotizantes a 500.000 inmigrantes

Los empleadores ya han dado de alta en la Seguridad Social a más de 500.000 inmigrantes que se acogieron al proceso de normalización abierto por el Gobierno a principios de año, según anunció ayer en Cádiz la secretaria de Estado para la Inmigración y la Emigración, Consuelo Rumí. Esta cifra supone unos ingresos de 113,7 millones de euros mensuales para las arcas del Estado.

El número de altas es aún provisional, pues el Ministerio de Trabajo no ha terminado de resolver las 690.000 solicitudes de regularización que presentaron los empresarios entre el 7 de febrero y el 7 de mayo pasados. Desde el momento en que reciben la resolución del Ministerio, los patronos disponen de un mes para formalizar el alta de los extranjeros en la Seguridad Social.

El medio millón de altas en la Seguridad Social supone unos ingresos de al menos 114 millones de euros más al mes para las arcas del Estado, en concepto de cotizaciones. Este periódico ha calculado la aportación de los inmigrantes a partir del salario mínimo, fijado en 513 euros. La base mínima de cotización (es decir, la cantidad mínima por la que pueden cotizar trabajadores y empresarios) es, en ese caso, de 598,50 euros. Esa base mínima es, por ejemplo, la que tienen las empleadas de hogar. De ella, el empresario paga el 31,59%, y el trabajador, el 6,40%. Si multiplicamos la cantidad resultante (227,37 euros mensuales) por las 500.000 altas en la Seguridad Social registradas hasta ahora, el resultado es de 113,7 millones de euros que ya está ingresando cada mes la Seguridad Social.

A esa cantidad hay que sumar otros 79 millones de euros que ya han abonado en tasas los empresarios y los inmigrantes que han formalizado sus contratos.

Rumí atribuyó ayer el "éxito" del proceso de regularización al "comportamiento ejemplar de todos los implicados".

El proceso de normalización de inmigrantes que residían en España de forma irregular pero disponían de un contrato y carecían de antecedentes penales fue diseñado por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero para dar una salida al millón de sin papeles que dejó en herencia el anterior Gobierno del PP y, al tiempo, combatir la economía sumergida. El PP profetizó que fracasaría porque los empresarios no inscribirían a los inmigrantes en la Seguridad Social.