Chávez se propone expropiar 1.000 empresas inactivas

"El que tenga tienda que la atienda, y si no, que la venda". Con este refrán ilustra el presidente venezolano, Hugo Chávez, la política que se dispone a aplicar en el contexto de sus siempre tensas relaciones con el empresariado: nacionalizar las compañías que estén cerradas y entregarlas a los trabajadores para que éstos las manejen bajo esquemas de cogestión. El presidente venezolano anunció ayer por televisión que posee una lista de más de 1.000 compañías que se podrían ver afectadas por la medida.

Chávez se propone masificar la política de expropiación de compañías que se encuentren paradas iniciada en enero del año pasado con la empresa procesadora de papel Venepal. Para ello tiene en lista a más de 1.000 empresas que están cerradas o trabajando muy por debajo de su capacidad instalada.

En su programa de televisión dominical, indicó que las industrias privadas que no se reactiven serán compradas por el Estado y puestas a funcionar bajo la modalidad de Empresas de Producción Social (EPS); es decir, que la propiedad será mixta entre el Estado y organizaciones cooperativas de los trabajadores. Tales empresas deben realizar aportes sociales y cooperar con los programas de educación y salud en las comunidades donde estén enclavadas.

El anuncio fue acogido con muchas reservas por el sector empresarial. El presidente del Consejo Nacional de Industriales (Conindustria), Eduardo Gómez Sigala, expresó que "si lo que quieren es eficiencia, deben crear las condiciones macroeconómicas adecuadas para operar" y agregó: "Parece que existe el interés de que las empresas privadas tengan un entorno difícil para activar luego los mecanismos de expropiación".El dirigente industrial explicó que algunas de las empresas se han visto obligadas a disminuir drásticamente su producción o a cerrar sus puertas debido a los controles de precios que el Gobierno venezolano aplica desde el año 2003.Otros representantes, incluyendo los tres candidatos que se disputan la presidencia del organismo empresarial, Fedecámaras, han insistido en que cualquier proceso de expropiación se realice con apego a las leyes y en forma concertada con los propietarios de las compañías afectadas.

En enero pasado, el Estado venezolano ya expropió la procesadora de papel Venepal. Los propietarios de ésta pretendieron declararse en bancarrota, pero los trabajadores se negaron tenazmente a abandonar sus puestos y, con el apoyo del Gobierno, resucitaron la unidad productiva. La empresa tiene ahora un capital de 6 millones de euros y es propiedad del Estado y de los trabajadores.

La Compañía Nacional de Válvulas, que produce equipos para la industria petrolera, siguió el mismo proceso.