La nueva CNE

Durante los últimos años, la Comisión Nacional de la Energía (CNE) se ha comportado con la inocuidad y falta de relevancia que se derivaba de la condición de órgano consultivo que le atribuyó el Gobierno del PP. Su participación en las decisiones políticas y empresariales adoptadas en las dos legislaturas anteriores ha sido casi inexistente. Prácticamente sólo intervino para actuar como coartada de las decisiones del Ministerio de Economía. El nombramiento de María Teresa Costa, economista, ex diputada del PSC-PSOE durante la pasada legislatura y secretaria de Industria y Energía de la Generalitat, como presidenta de la comisión es una oportunidad para reconducir el papel de este organismo hacia tareas más relevantes y de mayor independencia frente al Gobierno y las empresas dominantes en los mercados energéticos, sobre los que actúan fuerzas y fenómenos de creciente complejidad.

Baste citar como ejemplos la reordenación del mercado eléctrico -incluidas las tarifas- que surgirá del próximo Libro Blanco, la creciente presión de la demanda eléctrica sobre un sistema opaco y mal articulado, el encarecimiento de los combustibles o las concentraciones que se dibujan al fondo de los movimientos de las grandes empresas españolas. Hay tarea suficiente para ocupar los afanes de un organismo regulador de la energía que quiera implicarse en la tarea.

Los Gobiernos del PP intervinieron activa y continuamente en la economía, a través de decisiones directas, en muchas ocasiones conflictivas, de los ministros de turno. El papel de un regulador, si es independiente, no puede interpretarse como un ejercicio de intervención pública en actividades privadas, sino, por el contrario, como una labor de arbitraje imprescindible para minimizar las consecuencias del dominio de las grandes empresas energéticas. La libertad de un mercado complejo implica necesariamente la existencia de resortes neutrales que garanticen la competencia y árbitros que impidan los abusos.

No basta con que la nueva presidenta muestre voluntad política de revitalizar la comisión. Es necesario que el Gobierno reconozca que la CNE está facultada para desempeñar funciones de regulador independiente, por ejemplo, en la fijación de la tarifa eléctrica. Eso requiere una revisión del estatuto administrativo de la comisión; pero también que el Gobierno respete y haga respetar desde el principio las decisiones de la nueva CNE y renuncie a utilizarla como un instrumento político especializado. Sólo así se ganará la confianza de los agentes del mercado y el prestigio necesario para actuar con determinación. Si, por el contrario, el Gobierno pretende sólo sustituir las personas y mantener el espíritu vicario de la actual CNE, una parte decisiva de la economía española, la que atañe a los mercados energéticos, habrá perdido otra oportunidad.