El instructor del 'caso saqueo' abre juicio a siete colaboradores de Jesús Gil

El magistrado Félix Degayón, adscrito al Juzgado Central número 6 de la Audiencia Nacional, ha ordenado la apertura de procedimiento abreviado contra siete colaboradores de Jesús Gil, a los que se imputan los presuntos delitos de malversación de caudales públicos y contra la Hacienda Pública por la apropiación de 30 millones de euros (unos 5.000 millones de las antiguas pesetas) de las arcas municipales de Marbella entre los años 1991 y 1995. Seis de ellos fueron encarcelados junto al propio Jesús Gil y Gil en abril de 2002 y posteriormente quedaron en libertad bajo fianza. Las partes disponen ahora de 20 días para presentar sus escritos provisionales de calificación.

Los imputados son el ex gerente de la sociedad municipal Contratas 2.000, José Luis Jiménez; Purificación Notario, esposa del anterior; el ex gerente de Planeamiento 2.000, Juan Antonio Roca, actual asesor de la alcaldesa; el contable Manuel Castell; el ex abogado de Gil, José Luis Sierra; y los contables, Eduardo Gonzálvez y Francisco Javier Herrera. La querella tiene su origen en una denuncia que la Fiscalía Anticorrupción presentó el 8 de febrero de 2001 en la Audiencia Nacional, contra Gil y dos de sus colaboradores, José Luis Jiménez y Juan Antonio Roca, a los que acusó de urdir un plan para detraer 30 millones de euros de las arcas públicas de Marbella desde la contabilidad de tres sociedades municipales y a través de facturas falsas.

Camuflaje contable

Según la Fiscalía, Jiménez habría dirigido el desvío de los fondos municipales y Roca la operación de camuflaje contable con cuatro empresas ficticias radicadas en Madrid (Cantera Nasok, Dintak, Contratas Peninsulares y Contratas El Plantío), inscritas a nombre de su madre de 80 años, desde las que se emitieron cientos de facturas falsas a empresas municipales de Marbella por obras y servicios que nunca se realizaron, pero que se abonaron. Anticorrupción considera que de los 30 millones de euros 4,2 millones fueron a parar directamente a cuentas de empresas de Gil, como Promociones Futbolísticas.

Después de cuatro años de investigación, que incluyeron el registro por sorpresa del Ayuntamiento y las oficinas privadas de Gil, el juez decretó el pasado 10 de mayo el fin de la fase de instrucción y la apertura de procedimiento abreviado. En el auto, el magistrado considera que los hechos denunciados por Anticorrupción consisten en la "despatrimonización" del Ayuntamiento de Marbella a través de sociedades municipales. "Desde estas sociedades se efectuaban reintegros en efectivo o mediante cheques bancarios al portador cuyo destino eran terceras personas, sin relación algunas con el Ayuntamiento de Marbella" y "ocultada a través de la facturación imputada a entidades mercantiles sin actividad alguna", añade.