García-Gasco se alinea con Rajoy y tacha de "traición a los muertos" negociar con ETA

El arzobispo de Valencia, Agustín García-Gasco, se alinea, en su carta semanal con el líder del PP, Mariano Rajoy, que el miércoles acusó al presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, de "traicionar a los muertos" al "permitir que ETA recupere posiciones". En su misiva, el prelado dice que "el diálogo y la negociación con quienes se benefician del terrorismo suponen siempre una traición a las víctimas, que corroe los cimientos de la sociedad democrática". Según el prelado, "la lealtad institucional exige que los gobiernos actúen con determinación y fuerza contra quienes nos amenazan desde la violencia", por lo que es ilegítimo "usar la comprensión con quienes argumentan con armas y explosivos".

García-Gasco pide al Gobierno que no intente interferir en el sentimiento religioso de los españoles en general y de los valencianos en particular, un supuesto intento que contrapone a la "colaboración" de la Generalitat y del Ayuntamiento de Valencia en actos de "fervor popular". En su pastoral de esta semana, titulada Lealtad institucional y madurez democrática, García-Gasco señala que una sociedad democrática "supone" contar con "personas activas, con criterio, que tienen sus propias convicciones y que les repugna un gobierno que quiera dirigir sus creencias a golpe de silbato". A su juicio, la virtud propia del buen gobernante "es la lealtad con su comunidad, la lealtad institucional", y ello le obliga "a respetar el bien común y a rectificar aquellas propuestas electorales que chocan con el bien de las personas y de la sociedad". Así, "la recta acción de gobierno debe tener en cuenta sólo el bien común, sin ser cautiva de los intereses de minorías radicales".

El arzobispo añade que "una sociedad libre valora que los ciudadanos expresen sus convicciones con pleno respeto a los demás, especialmente las religiosas", ante lo cual la lealtad institucional "exige que la libertad religiosa sea bien entendida y practicada". Por eso, subraya, "la acción de gobierno no puede desconocer el papel de las comunidades religiosas", sino que debe "aceptar que los códigos de los creyentes" expresan "una comprensión del bien humano que al poder político no le corresponde cambiar".