La siniestralidad laboral se dobla en los dos primeros meses

El pasado mes de enero ha sido el peor de los últimos años en materia de siniestralidad laboral, con un total de 14 trabajadores muertos. En febrero, fallecieron otros cuatro, lo que duplica las cifras de los mismos meses de 2004.
Estos últimos datos sobre siniestralidad son pésimos, según destacan las centrales sindicales, que van a reclamar al Gobierno más medidas especiales para frenar las muertes y que endurezca las sanciones contra los infractores de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales.
La secretaria de Salud Laboral de UGT Euskadi, Inmaculada López, declaró ayer a este periódico que es responsabilidad de la Administración que dicha ley siga sin cumplirse. "El Gobierno vasco no es riguroso con la exigencia de cumplir la ley, y los empresarios siguen sin tomárselo en serio porque, a pesar del daño que hacen quienes la incumplen, no se endurecen las sanciones". Fuentes de CCOO indicaron que si es preciso un plan de choque más rígido que el que ha puesto en marcha el Ejecutivo a través de Osalan "habrá que diseñarlo".
Durante enero y febrero se registraron en Euskadi 8.996 accidentes laborales con baja, lo que representa un incremento del 41,25% con respecto del primer bimestre de 2004, según los datos de Osalan. De ellos, 8.053 ocurrieron en la jornada laboral -un 40% más- y 943 -46,8% más-, en el camino de ida o regreso del puesto de trabajo. Por sectores, el mayor número de accidentados se registró en Servicios, con 3.227, seguido por Industria con 3.207, Construcción con 1.510, y el Agropesquero con 109, todos con aumentos. Por el tipo de lesiones, 8.903 fueron leves, lo que supone un incremento del 41% con respecto a 2004, y 75 graves, un 7,14% más.
En enero y febrero se ha vuelto a las alarmantes cifras de mortalidad de 2000, cuando fallecía un trabajador cada tres días. El fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, ha propuesto la creación de una policía especializada en siniestralidad laboral. Esta medida completaría y mejoraría la falta de medios de la Inspección de Trabajo, en opinión de UGT y CCOO.
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