El 'caso Schiavo'

El presidente Bush y el Partido Republicano han dado muestra del radicalismo ideológico que impulsa su acción de gobierno interfiriendo de manera fulminante, al amparo de una ley ad hoc aprobada deprisa y corriendo en el Congreso, en el caso judicial y médico planteado en torno a Terri Schiavo, mantenida artificialmente con vida desde hace 15 años. La justicia del Estado de Florida había decidido, de acuerdo con el dictamen de los médicos, autorizar la desconexión de los aparatos que mantenían con vida a la paciente, aceptando la demanda de su marido y representante legal y rechazando la de su padres, contrarios a la desconexión.

El caso Schiavo, más que con la práctica de la eutanasia, tiene que ver con la limitación del esfuerzo terapéutico, una práctica médica habitual en pacientes en situación irreversible, éticamente aceptable y legalmente posible en muchos países y que se lleva aplicando desde los años setenta en EE UU. El marido siempre alegó que su mujer le manifestó su deseo de no ser mantenida con vida artificial antes de sufrir el ataque que le produjo la muerte cerebral. Esa alegación, valorada como una declaración verbal de últimas voluntades (testamento vital), ha sido tenida en cuenta por la justicia de Florida tras el dictamen favorable de los médicos.

Pero en los siete años de procedimiento judicial el asunto ha adquirido una dimensión ideológica para los sectores más conservadores de EE UU, que lo han enarbolado como bandera de sus campañas "pro vida". En 2003, el gobernador de Florida y hermano del presidente, Jeff Bush, ya intervino con una orden, anulada después por inconstitucional, que obligaba a los médicos a mantener la alimentación artificial. Para esos sectores, por otra parte defensores a ultranza de la pena de muerte, el caso Schiavo constituía una ocasión para obtener réditos electorales, como han señalado algunos congresistas demócratas durante la tramitación urgente de la ley, que deja en suspenso la decisión del tribunal de Florida y atribuye la última palabra a la justicia federal. Aparte otras consideraciones, resulta insólita esta interferencia de la política, presidente Bush incluido, en la acción de la justicia en favor de una de las partes en una cuestión familiar.