Blair hace concesiones a los jueces en las nuevas medidas antiterroristas

Tony Blair ofreció ayer aumentar el papel de los jueces y someter la ley cada año a su ratificación en el Parlamento para conseguir apoyo a su proyecto de ley para mantener bajo control a los sospechosos de terrorismo que no puedan ser juzgados porque las pruebas que hay contra ellos no pueden ser hechas públicas. El ministro del Interior, Charles Clarke, anunció en la Cámara de los Comunes que serán los jueces, no el poder político, los que impongan determinadas "órdenes de control" para tener controlados a esos sospechosos.

El Gobierno había admitido que fuese el juez cuando la orden de control fuera el arresto domiciliario, pero que siguiera siendo el ministro del Interior en los demás casos. Ayer, tras sufrir un revolcón el martes en la Cámara de los Lores, aceptó que el juez decidiera en todos los casos. Pero la ley sigue sin tener el apoyo de conservadores y liberales -que pueden volver a enmendarla en los Lores- porque la ley permite a los jueces acordar esas medidas basándose en "indicios" de que los acusados pueden ser potenciales terroristas, sin necesidad de que las acusaciones queden probadas. El Gobierno pretende así que las órdenes de control se apliquen sin que jueces y defensores tengan acceso a las pruebas acumuladas por los servicios de inteligencia.

El Gobierno se opone a la propuesta tory, adoptada en la Cámara de los Lores, de que la ley se aplique sólo hasta noviembre para sustituirla entonces por una norma que tenga un amplio apoyo en la Cámara. Como contrapartida, el Gobierno ofrece que la ley tenga que ser ratificada cada año por el Parlamento para seguir en vigor.