Más que un incendio

La catástrofe que aplasta a Paraguay en forma de incendio de un supermercado, y donde el número de víctimas mortales supera ya las 300, es de las que obligan a un país a replantearse radicalmente sus prioridades. Los testimonios que se van conociendo de lo ocurrido en el híper de la cadena Ikuá Bolaños, en la capital, convertido en horno crematorio, dibujan un panorama de negligencia, desprecio por la vida humana, improvisación e incompetencia que hace parecer ritual el anuncio del presidente Nicanor Duarte de que se investigarán los hechos y se aplicará la ley.

Hecatombes como la de Asunción ponen a prueba los mimbres que conforman una nación, desde el valor que se atribuye a la vida o las leyes hasta los códigos sociales dominantes. Paraguay, seis millones escasos de habitantes y uno de los sistemas más desiguales y corrompidos del continente, debe encontrar rápidamente respuestas a las circunstancias de su peor tragedia contemporánea. Al margen de la desgracia fortuita, más de trescientos muertos en un incendio de estas características revelan puntos negros y carencias con las que no puede coexistir una teórica democracia, aunque sea tan precaria como la paraguaya. Se supone que en la investigación en marcha hallarán respuesta extremos -coincidentes en versiones policiales y de las víctimas- como que el moderno edificio careciese de salidas de emergencia practicables, que sus responsables ordenaran aparentemente cerrar las puertas para evitar el saqueo o la huida de los clientes sin pagar, que no funcionara en horas la única toma de agua para los bomberos o el caos de la asistencia médica subsiguiente.

La oleada de solidaridad impulsada inmediatamente desde los países vecinos -y también por España, que anuncia el envío de forenses, psicólogos y medicamentos esenciales- contribuirá sin duda a paliar algunos de los efectos de esta descomunal tragedia. Pero el Gobierno de Paraguay y sus instituciones deben aprovechar la terrible oportunidad que se les ha deparado para transformar el anquilosado país, sanearlo e imponer de una vez por todas sobre la corrupción y la desidia el imperio de la ley y de la dignidad ciudadana.