Tolerancia cero

Frente a la violencia contra las mujeres, tolerancia cero. Éste es el compromiso del Gobierno con las mujeres en su lucha contra los malos tratos. Un compromiso que ha quedado patente con la aprobación del anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Se trata de la primera medida legislativa adoptada por el Gobierno, para hacer frente de una manera decidida a uno de los problemas más graves de nuestra sociedad y que mayor alarma social genera.

El año pasado, cada cuatro días una mujer moría a manos de su pareja. El dato produce escalofrío, porque estas muertes se han producido, y se siguen produciendo, sólo por el hecho de ser mujer. Estamos ante una lacra social que genera un enorme sufrimiento y que constituye también un grave problema de salud pública; no sólo por el impacto de la agresión sobre la salud física y psicológica de la víctima y sobre el resto del entorno familiar, especialmente los niños, sino también por el hecho de que ser víctima de la violencia aumenta el riesgo de contraer enfermedades. Su erradicación nos atañe a todos: ciudadanos, poderes públicos y, por supuesto, instituciones sanitarias.

Sanidad mejorará los medios de sus instituciones para lograr un diagnóstico precoz

Los expertos creen que entre el 5% y el 10% de mujeres sufren maltrato físico o psicológico

Los datos de que disponemos reflejan la urgente necesidad de abordar de forma integral la lucha contra la violencia doméstica. Durante 2003, cada día se presentaron más de 175 denuncias por maltrato familiar. Pero este dato es sólo la punta del iceberg, pues los especialistas estiman que entre el 5% y el 10% de mujeres sufren malos tratos físicos o psicológicos. Una cifra que el Instituto de la Mujer eleva a un 12%, pero cuyo alcance real resulta difícil conocer en este momento, dadas las dificultades o la imposibilidad física y psicológica de las mujeres para denunciar el maltrato. Porque lo que está claro es que la violencia contra las mujeres no es un problema circunscrito al ámbito privado o de la confidencialidad. Se trata de un problema colectivo grave, que a todos nos afecta y en el que todos los ciudadanos e instituciones públicas debemos implicarnos para lograr su desaparición. Es hora de decir basta y actuar integralmente.

Por todo ello, el Gobierno ha querido aprobar el anteproyecto de Ley Orgánica Integral contra la violencia ejercida sobre las mujeres. Este texto no es una mera declaración de intenciones. La ley establece los derechos de las mujeres víctimas de violencia y los deberes de los poderes públicos para tutelar esos derechos, así como los medios precisos para una efectiva garantía de los mismos, siempre desde una perspectiva de apoyo incondicional a las víctimas y con tolerancia cero para con los maltratadores.

Se trata no sólo de responder desde el Estado a las necesidades de las mujeres cuando la violencia se produce, sino también de prevenir el problema antes de que llegue a materializarse. Para ello, el proyecto de ley establece un conjunto de medidas de sensibilización en los ámbitos de la educación y de la publicidad.

El anteproyecto de ley también contempla la participación activa de las instituciones y profesionales sanitarios, cuya implicación se ha demostrado eficaz en la lucha contra los malos tratos. Los centros sanitarios cuentan desde hace tiempo con protocolos de actuación para las víctimas de malos tratos. Pero su intervención debe ir más allá, con actuaciones en el ámbito de la prevención, el diagnóstico precoz y el apoyo psicológico a las víctimas, en coordinación con otros profesionales e instituciones implicadas. Los estudios de que disponemos han puesto de manifiesto que la casi totalidad de las víctimas visitaron a su médico de cabecera tras sufrir la primera agresión e incrementaron durante el año siguiente la frecuentación de la consulta al médico, con síntomas o trastornos físicos y psíquicos poco específicos.

A juicio de los especialistas, estos síntomas constituyen la carta de presentación de los malos tratos. Reconocerlos y apoyar a las mujeres que los sufren y a sus hijos puede prevenir problemas futuros. De ahí la importancia de fomentar una mayor implicación de los profesionales de la salud en la lucha contra la violencia doméstica, porque mediante el diagnóstico precoz se pueden evitar cientos de agresiones, malos tratos y muertes.

Los médicos de atención primaria están, pues, en una situación excepcional para detectar la existencia de un problema de violencia, y constituyen el eslabón más eficaz para poner en marcha los recursos para proteger a la víctima. Me consta la sensibilización que ya existe entre los profesionales y sociedades científicas de atención primaria por luchar contra la violencia doméstica. Un compromiso que desde el Ministerio de Sanidad y Consumo queremos incrementar, en el marco de este anteproyecto de Ley de Integral.

La implicación de profesionales e instituciones sanitarias se articulará a través del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. El Ministerio de Sanidad y Consumo promoverá desde este organismo, en el que se integran la Administración del Estado y las comunidades autónomas, medidas encaminadas a incrementar el grado de sensibilización y a mejorar la formación y la dotación de medios que necesitan los profesionales para poder identificar a las personas de riesgo, efectuar un diagnóstico precoz de la situación de violencia y desencadenar los mecanismos de atención, protección y rehabilitación de la víctima.

Ésta es nuestra mayor apuesta. Con ello queremos sentar las bases para una sociedad más justa y democrática, desde la convicción de que la formación en valores, la eliminación de la publicidad denigrante para la mujer y la detección precoz de la violencia son pilares esenciales para erradicar el problema en el futuro.

El Gobierno ha querido que su primer anteproyecto de Ley sea para defender los derechos fundamentales, para defender el derecho fundamental de las mujeres a la igualdad, a la libertad, a la seguridad. Esta ley es un instrumento que pretende proteger y reparar y que, sin duda, responde a un sentir social que alcanza dimensiones de clamor. Pero no puede sustituir nuestro deber colectivo: basta, basta de maltrato a las mujeres, basta de violencia, basta de desigualdades. Es nuestro deber, el de todos.

Elena Salgado es ministra de Sanidad.