Transparencia poco clara

Los núcleos duros, tan profusamente utilizados por el Gobierno en las privatizaciones para garantizar el control de las empresas, pueden saltar por los aires. Las normas sobre los pactos parasociales entre accionistas, incluidas en la Ley de Transparencia para un mejor gobierno de la empresa, han sumido en la confusión a los expertos, que no se ponen de acuerdo sobre su alcance, ni en lo que a retroactividad se refiere, ni en las consecuencias que pueden acarrear, ni tan siquiera en su validez.La Ley de Transparencia estipula que los pactos que superen el 5% del capital se hagan públicos. Aquellos firmados entre 1989, fecha de la entrada en vigor de la Ley del Mercado de Valores, y julio de 2003, cuando entró en vigor la nueva ley, tienen que darse a conocer en un plazo de tres años, considerado excesivo por muchos juristas.

Donde se dejan ver las más profundas divisiones es en los pactos que suman más del 25% del capita. Los expertos no se ponen de acuerdo sobre la eficacia de los mismos. Algunos llegan a considerar incluso que los pactos no son válidos en ningún caso; otros, partidarios de una lectura literal, indican que la ineficacia afectaría sólo a los que burlaron la Ley de OPA (oferta pública de adquisición), es decir, los pactos por los cuales un grupo de accionistas llega a controlar una empresa sin utilizar ese mecanismo, perjudicando así a los minoritarios. En cualquier caso, las principales empresas afectadas se niegan tajantemente a reconocer que anule sus acuerdos parasociales.

La confusión ha dado lugar a ruptura de acuerdos, como los del SCH y Total en Cepsa, y ha sumido en la perplejidad a otras muchas sociedades -hay pactos en Repsol y Gas Natural, Iberia o FCC, entre otros- que se debaten entre defenderlos o revisarlos.