Fiscales

La entrada en vigor de la Ley 14/2003, por la que se modifica el Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal, ha determinado que siete de los ocho fiscales jefes de Andalucía cesen. Unos ceses que, lógicamente, no impiden que se mantengan en sus cargos hasta que se produzcan los relevos. Unos nombramientos, los nuevos, que le corresponde realizar al Gobierno de la nación, a propuesta del Fiscal General del Estado.

Pues bien, por lo leído, parece ser que todos los fiscales jefes quieren seguir siéndolo. Es más, alguno de ellos, como el de Córdoba, ha hecho llegar el mensaje de que de no ser nombrado "se irá a Euskadi". Esperemos que, si no resulta nombrado y se marcha a Euskadi, no haga en la Memoria una recomendación parecida a la que hizo para Córdoba. Pues si en esta ciudad recomendó a los ciudadanos que, para evitar robos, llevaran pistola, en el País Vasco puede terminar recomendando metralletas. Pero en fin, anécdotas aparte, lo real es que ahora Jesús Cardenal es quien lleva la voz cantante. Es quien le va a decir a su Gobierno, y al nuestro, qué fiscales son idóneos para Andalucía.

Criterio, el de la idoneidad, cuyo contenido está muy precisado en la Ley. El fiscal idóneo -dice- es aquel que sea "moderno, dinámico y comprometido con los valores constitucionales cuya promoción y defensa le corresponde". Realmente hay pocos motivos para la esperanza. La actuación de Cardenal en casos como el de Pinochet, su silencio en toda la trama especulativa que está ocurriendo en Madrid o sus posicionamientos en el caso de Liaño no dejan mucho margen para saber qué es lo que entiende por idoneidad.

En cualquier caso, esperemos que no sea así y que Cardenal tenga un mal día que sea bueno para Andalucía. También que a la idoneidad de los nuevos fiscales, sean los mismos o sean otros, les acompañe una preparación técnica en profundidad, sin tener que esperar dos años, como ha dicho el Fiscal Jefe de Andalucía ante la Comisión de Justicia. La especulación urbanística, el daño al medio ambiente, la siniestralidad laboral, el trafico ilegal de mano de obra, la violencia doméstica, y tantos otros delitos, exigen fiscales comprometidos con los valores constitucionales, pero también conocedores de tramas e intereses con relevancia penal que se dan en estos sectores.