El Parlamento catalán reclama la competencia de convocar referendos

El Parlamento de Cataluña aprobó ayer, con la única oposición del PP, una propuesta de Esquerra Republicana (ERC) en la que se solicita el traspaso a la Generalitat de la competencia de poder convocar referendos, actualmente reservada al Gobierno central. La iniciativa será trasladada al Congreso de los Diputados, donde tiene escasos visos de prosperar debido a la mayoría absoluta del PP.

La parlamentaria popular Dolors Nadal justificó el voto en contra de su grupo, pues recordó que es una competencia "exclusiva del Estado" y que su transferencia podría "vulnerar la unidad de soberanía, que recae en el pueblo español en su conjunto".

El convergente Jaume Camps le replicó que España es un "Estado plurinacional y la soberanía es compartida por los pueblos que lo configuran, le guste o no al PP". En el mismo sentido se expresó el representante de los socialistas catalanes, Josep Maria Vallès, al considerar que la propuesta de Esquerra "no interfiere en el concepto de soberanía nacional".

Para Vallès, la potestad de convocar consultas populares permitiría "aproximar las decisiones colectivas a las instituciones que las tienen que asumir", lo que le conferiría "mayor legitimidad" y redundaría en una "democracia más consistente" al ofrecer a los ciudadanos una "vía de expresión y participación más directa".

El diputado de Iniciativa per Catalunya Verds Rafael Ribó reclamó también para los ayuntamientos la competencia de convocar referendos en su ámbito jurisdiccional e invitó a "desmitificar" las posibilidades de este mecanismo. Ribó puso el ejemplo del País Vasco, donde la celebración de una consulta permitiría "saber si la fuerza de la calle está detrás" de propuestas como la reforma del Estatuto.

El diputado republicano Joan Ridao, impulsor de la iniciativa, advirtió de que no es "legítimo" rechazar la propuesta "esgrimiendo el miedo" a la apertura de procesos secesionistas, ya que "esto no es lo que se plantea", sino una vía para incrementar la participación democrática de la sociedad catalana.