Sólo el 2% de los inmigrantes de Granada expedientados fue por cometer delitos

De los 402 expedientes de expulsión de inmigrantes incoados durante el año pasado en la provincia de Granada, sólo ocho (el 2% aproximadamente) fue contra individuos acusados de algún delito. La practica totalidad de los expedientes, según los datos que aparecen en la memoria de la asociación Granada Acoge, fue por residencia ilegal. La asociación acusó ayer al Gobierno central de organizar una campaña con el objetivo de de vincular la inmigración con el aumento de la criminalidad y provocar el rechazo de los extranjeros entre la población española.

El 76% de los inmigrantes a los que se les abrió expediente el año pasado permanece en España, aunque para ellos es imposible regular su situación aun disponiendo de una oferta de trabajo. Granada Acoge asegura que en gran parte de esos procedimientos de expulsión se cometen irregularidades administrativas como el inicio del proceso sin la presencia de abogados o de los intérpretes preceptivos.

En Granada, donde esta asociación calcula que viven unos cuatro mil inmigrantes indocumentados (además de los 7.642 no comunitarios con permiso de residencia), la situación de estas personas ha empeorado progresivamente, sobre todo en aspectos tan bñasico como el del derecho a la vivienda.

Según los datos ofrecidos en la memoria relativa al año 2002, un 16% de los inmigrantes carece de domicilio y duerme en coches, solares en derribo o en salas de centros hospitalarios. Un 25% sí dispone de vivienda pero en unas condiciones inaceptables de hacinamiento y salubridad que las convierten en indignas.

El presidente de Granada Acoge, José Sánchez, denunció ayer la creciente discriminación hacia los inmigrantes musulmanes. Así lo ponen de manifiesto datos como que el 50% de las ofertas de empleo canalizadas por esta asociación excluye a la población de origen magrebí y de religión musulmana.

El empleo doméstico es la principal ocupación de los inmigrantes que viven en esta provincia. De las 3.500 personas que trabajan en este sector, sólo el 16% cuenta con un contrato legal, una situación que fomenta las relaciones de "servidumbre".

La asociación destaca el aumento en este último año de inmigrantes procedentes de países de Latinoamérica, sobre todo Colombia, Ecuador y Argentina. También considera significativa la creciente afluencia de personas de países del este de Europa.