Ocaso de derechos

El informe anual de Amnistía Internacional sobre el estado de los derechos humanos en el mundo abunda en algo ya denunciado: el drástico retroceso producido en la generalidad de los países en materia de libertades y derechos tras los atentados del 11 de septiembre de 2001 y las políticas puestas en práctica por la Administración de Bush para combatir el terrorismo. El informe dibuja un panorama completo e inquietante del destrozo que la amenaza terrorista y el modelo de guerra diseñado para combatirla -preventiva y con recorte de libertades individuales- están provocando en el campo de los derechos humanos.

Además de las nuevas legislaciones restrictivas de derechos y garantías promulgadas tras el 11-S en muchos países, EE UU a la cabeza, que tienen como punto de mira sobre todo a ciudadanos extranjeros e inmigrantes, está la utilización de la lucha contra el terrorismo por parte de gobiernos para blindarse frente a la crítica, reprimir a sus adversarios y aprobar leyes contrarias a los derechos humanos. Pero también existen daños indirectos: la reducción de los presupuestos dedicados a la lucha contra la pobreza y las enfermedades, al tiempo que se incrementan espectacularmente los destinados a políticas de seguridad y antiterrorismo.

La cosecha de abusos y violaciones es abundante: denuncias de torturas en 106 países, ejecuciones "extrajudiciales" en 42, "desapariciones" en 33, ejecuciones de pena muerte en 28, detenciones arbitrarias en 54, y así un largo etcétera. En toda Europa ha recogido denuncias por malos tratos, torturas incluso, y sobre todo restricción de derechos a la población inmigrante. Aunque en estos países, a diferencia de los no democráticos, las violaciones de los derechos humanos son perseguidas por la policía y por la justicia y son aireadas por los medios de comunicación. España es uno de los países democráticos que han promovido drásticas reformas tras el 11-S y en el que se siguen denunciando torturas y malos tratos policiales, sobre todo a inmigrantes, según el informe de AI, que no se olvida de las cinco víctimas de ETA en 2002 y de sus amenazas a los militantes y sedes de los partidos no nacionalistas en el País Vasco.