El Gobierno no concede a los inmigrantes los derechos políticos que pedía el Poder Judicial

El Gobierno de José María Aznar cumplió ayer con sus previsiones y se fue de vacaciones dejando aprobada la reforma de la Ley de Extranjería anunciada en el programa electoral que dio al PP la mayoría absoluta en las elecciones del 12 de marzo. Finalmente, el Ejecutivo ha tenido en cuenta 17 sugerencias del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado, entre ellas varias mejoras sociales, pero rechaza que los "ilegales" puedan tener los derechos de reunión, asociación, manifestación, sindicación y huelga.

El vicepresidente primero del Gobierno, Mariano Rajoy, fue ayer explícito en cuanto a los fines que persigue esta discutida reforma: distinguir entre "inmigrantes legales" e "inmigrantes ilegales". Y una vez hecha esta división, actuar en consecuencia. No procede pues, en criterio del Ejecutivo, que los extranjeros que no consigan regularizar su situación en España tengan los derechos políticos que sugería el Poder Judicial. "No tiene sentido reconocerle el derecho de huelga, por ejemplo, a una persona que se encuentra ilegalmente en el país; es metafísicamente imposible", argumentó Rajoy. La petición del PSOE de que esta reforma no fuera aprobada antes del verano, en aras de un posible pacto de Estado sobre la inmigración, ha caído en saco roto. Pero ello no excluye el consenso con los partidos políticos y las organizaciones sociales durante el trámite parlamentario. En todo caso, el nuevo texto pule el endurecimiento previo que se había planteado el Gobierno. Los 13 artículos retocados de acuerdo con las observaciones del Consejo del Poder Judicial y del Consejo de Estado incluyen ya la asistencia letrada en los puestos fronterizos y especifican los recursos legales que pueden emprender los extranjeros afectados por decisiones contrarias a sus intereses.