España da acogida a 50 iraquíes y paraliza las repatriaciones

El delegado del Gobierno para la Extranjería, Ignacio González, aseguró ayer que España está cumpliendo a rajatabla las recomendaciones de Naciones Unidas y que por ello ha suspendido las devoluciones de iraquíes que soliciten asilo en España. Además, dijo, se ha concedido una protección temporal a 50 ciudadanos de Irak que habían llegado ilegalmente a Ceuta y habían presentado una petición de asilo.

González explicó ayer en la Comisión de Justicia e Interior del Congreso que el Gobierno mantendrá paralizadas las expulsiones de iraquíes al menos mientras dure la recomendación en ese sentido lanzada por el Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al comienzo de la invasión de Irak.

Antes de dicha recomendación, fueron presentadas en España durante los últimos años un total de 583 solicitudes de asilo de ciudadanos de Irak de las que el 99% fue rechazada, según aseguró, con los datos de ACNUR en la mano, la diputada de CiU Mercè Pigem. González replicó que la admisión o inadmisión de las solicitudes siempre se hace "en consonancia con el criterio del organismo de Naciones Unidas" y que, siguiendo esos criterios, se ha concedido la protección temporal a 50 peticionarios iraquíes que viven en Ceuta.

El delegado del Gobierno rechazó previamente una petición del PSOE para que se concediera un permiso temporal de residencia por razones humanitarias a los inmigrantes que sean víctimas de tragedias en el mar, como a los seis únicos supervivientes de una patera cargada con 20 inmigrantes en total que estuvo dos semanas a la deriva en Canarias y que el pasado 20 de febrero ingresaron en el centro de retención de Barranco Seco, en Las Palmas.

Además, Ignacio González negó que el traslado desde Palos de la Frontera (Huelva) hasta Algeciras (Cádiz) el pasado 1 de marzo de 97 inmigrantes subsaharianos -52 de los cuales fueron abandonados de noche a su suerte con una orden de expulsión entre las manos- se efectuara en condiciones "inhumanas", como aseguró el diputado socialista Salvador de la Encina.

El delegado alegó que los inmigrantes, que intentaban presionar con una concentración para obtener papeles, fueron llevados a Algeciras por falta de colaboración de las administraciones para ceder un local adecuado y porque dicha localidad gaditana cuenta con instalaciones para albergar, documentar y tramitar su expulsión.