El fiscal acusa de apropiación a la delegada de Turismo en Granada

La Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) presentó ayer ante un juzgado de Almuñécar (Granada) una querella por apropiación de fondos contra la actual delegada de la Consejería de Turismo en Granada, Rosario González Hernández, del Partido Andalucista. La delegada de la Junta no ha justificado el gasto de 26.757 euros entre 1990 y 1991 cuando ocupaba una concejalía en Almuñécar.

Juan Luis González, alcalde del Partido Popular de Almuñécar, confirmó que el fiscal había accedido a su requerimiento y ayer presentó una querella contra Rosario González por un supuesto delito de malversación cometido entre los años 1990 y 1991 cuando, en su calidad de concejal, representaba al Patronato de Turismo de la localidad costera.

La falta contable fue descubierta por la Cámara de Cuentas de Andalucía en 1995 que la puso unos meses después en conocimiento del Tribunal de Cuentas. En concreto detectó que Rosario González recibió cheques nominativos por valor de 96.162 euros (16,1 millones de pesetas) que no justificó. Con posterioridad, en sucesivas liquidaciones tras la presentación de justificantes, la cifra se redujo a 26.757 euros de principal más otros 21.533 de intereses.

El Tribunal de Cuentas, en abril de 2000, dictó la primera sentencia: ordenó el archivo del procedimiento al comprobar que en la jurisdicción económica, la de su competencia, el supuesto delito habría prescrito. Pero al mismo tiempo el fiscal de Cuentas recomendó que se remitiera el procedimiento a la Fiscalía del TSJA ya que el delito no había prescrito en la jurisdicción penal.

Rosario González recurrió paradójicamente contra el auto de archivo y de esta forma impidió también que el Tribunal de Cuentas enviara el procedimiento a la vía penal. En marzo de 2001 el Tribunal de Cuentas resolvió el recurso de apelación planteado por la actual delegada de la Consejería de Turismo y esposa del secretario de Política Municipal del PA, Juan Carlos Benavides.

El tribunal consideró, en contra de la petición formulada por Rosario González que consideró "improcedente" la remisión del testimonio de las actuaciones al TSJA, que era necesario continuar la investigación por la vía penal, donde la prescripción no se produce hasta transcurridos quince años.

El traslado de una jurisdicción a otra fue propuesto por el fiscal de Cuentas. "Ha de considerarse ajustada a derecho la solicitud del ministerio fiscal de poner los hechos en conocimiento del TSJA a los efectos legales procedentes, siendo asimismo ajustada a la legalidad la decisión del juez de llevarse a cabo dicha comunicación", señalan los magistrados del Tribunal de Cuentas que resolvieron el recurso de apelación.

Rosario González, sin embargo, recurrió de nuevo el auto. En esta ocasión lo hizo en casación ante el Tribunal Supremo. El recurso aún está pendiente de resolución y mientras tanto impide que el testimonio salte de una jurisdicción a otra.

Hace dos meses el alcalde de Almuñécar decidió actuar por su cuenta y remitió los resultados de las actuaciones al fiscal del TSJA que ayer, a la vista de los antecedentes, acordó actuar de oficio y presentar una querella por un presunto delito de malversación de fondos públicos que deberá ser investigada por un juzgado de Almuñécar.

En la investigación inicial abierta por la Cámara de Cuentas de Andalucía también se detectaron irregularidades similares. En concreto aparecieron mandamientos de pago sin jusficiar que fueron entregados a otro concejal también vinculado al Patronato de Turismo.