Lula aumenta la credibilidad de Brasil
A los 100 días de su llegada al poder, el presidente brasileño modera su discurso e impulsa reformas económicas suaves
Una cosa es agitar desde las filas de la oposición y otra llevar el timón del Gobierno. Que se lo pregunten al presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, y a sus ministros del Partido de los Trabajadores (PT), que acaban de cumplir los primeros 100 días en el Gobierno de un país de 175 millones de habitantes. Para sorpresa de muchos, el antiguo sindicalista de oratoria encendida se comporta hoy como el más moderado de los moderados, y algunos de sus más estrechos colaboradores no han tenido empacho alguno en hacer un mea culpa público por actuaciones pasadas. Brasil tiene al primer Gobierno de izquierda de la historia, el país no se ha hundido y el presidente de la Bolsa de Valores de São Paulo dice que los primeros 100 días de Lula han revitalizado la credibilidad nacional.
El nuevo presidente llegó al Gobierno en un contexto económico internacional poco favorable, con escasez de crédito para los países emergentes, un dólar en alza y una fuerte presión inflacionaria. Lula ha controlado la situación gracias a una política económica ortodoxa que en poco se diferencia de su predecesor, Fernando Henrique Cardoso, y de la que habría aplicado cualquier político liberal de derecha. Pero el peligro no ha pasado, porque, entre otras razones, la deuda externa se acerca al 50% del Producto Interior Bruto (PIB).
El Gobierno ha incrementado la meta de superávit fiscal primario para 2003 de un 3,75% a un 4,25% del PIB, medida que ha sido bien acogida por los mercados. A pesar del aumento del salario mínimo en un 20%, Lula pretende disminuir el gasto público en un 16,3% en 2003.
El Gobierno obtuvo su primera victoria en un Congreso que no domina, al lograr el apoyo de la casi totalidad de los grupos parlamentarios de la Cámara para aprobar la propuesta de la enmienda constitucional número 53, que abre la puerta para la autonomía del Banco Central, en contra de la opinión del ala radical del PT.
La hora de la verdad llega ahora, cuando el Congreso se dispone a discutir dos proyectos del Gobierno trascendentales para reformar la Seguridad Social y el sistema tributario, dos fuentes inagotables del enorme déficit público, que frenan el crecimiento y contribuyen a la desigualdad. Lula da Silva necesita recursos para la política social y combatir la pobreza, que sólo puede conseguir si sanea las arcas del Estado, tarea nada fácil, porque las dos reformas en cuestión afectan a intereses de grupos poderosos.
El sistema de pensiones vigente es discriminatorio por el trato de favor que otorga a los empleados públicos. Beneficia sólo a 3 de los 23 millones de jubilados y supone un déficit del 4,25% del PIB. Los números rojos de la Seguridad Social en 2002 alcanzaron los 20.000 millones de dólares. El esquema diseñado para las pensiones del sector privado afecta a 20 millones de trabajadores y tiene un déficit de 1,3% del PIB. Después de la jubilación, los empleados públicos perciben la integridad de su salario y dejan de pagar impuestos. Las mujeres se jubilan a los 50 años, y los varones, poco después.
Lula pretende un recorte gradual para lograr mayor equidad y ahorrar el año próximo 1.700 millones de reales que invertirá en el programa Hambre Cero. De momento, es más un proyecto que una realidad, a pesar de que desde febrero algunas familias han recibido una tarjeta magnética con la que pueden comprar alimentos.
La lucha por la reforma tributaria se prevé ardua, ya que modificará las relaciones fiscales entre el Ejecutivo federal y los gobiernos de los Estados, y suscita el rechazo en los municipios. El presidente pretende crear un impuesto al valor añadido nacional. Cabe esperar la reticencia de los gobernadores, de los que sólo tres de los 27 pertenecen al PT. La reforma fiscal pretende, asimismo, modificar el impuesto a la renta, aumentando la progresividad.
La paradoja es que Lula busca ahora el apoyo de partidos de centroderecha como el PMDB para unas reformas que rechazó cuando el PT estaba en la oposición. En su discurso de investidura, el 1 de enero, prometió "coraje, osadía y humildad" para cambiar Brasil. Algo de ello ha mostrado en 100 días. Pero, sobre todo, su partido ha exhibido capacidad de madurar. Por ejemplo, figuras clave como el ministro de Hacienda, António Palocci, han hecho una pública autocrítica por impedir cuando estaban en la oposición a Cardoso que avanzara en la reforma de la Seguridad Social.

Violencia policial contra los niños
La organización Human Rights Watch amargó el día al presidente brasileño. La organización humanitaria hizo llegar a Lula un informe de 63 páginas sobre abusos en las condiciones de detención de niños en el norte de Brasil. Una mala noticia para el mandatario, que cumplía 100 días en el Palacio de Planalto.
Los jóvenes son golpeados por la policía, son confinados en las comisarías más tiempo del que permite la ley y no reciben la educación a la que tienen derecho, denuncia el informe Confinamiento cruel: Abusos contra niños detenidos en el norte de Brasil. El trabajo es el resultado de numerosas conversaciones con víctimas de la violencia policial en 17 centros de detención de los estados de Amapá, Amazonas, Maranhao, Rondonia y Pará, y numerosas entrevistas.
El problema, sin duda, viene de lejos, según reconoce la organización denunciante. "El presidente Lula ha prometido dar prioridad a las necesidades de los más vulnerables", declaró Michael Bochenek, de la división de derechos del niño de HRW. Pero puntualizó: "Si quiere cumplir esta promesa, su Administración tiene que combatir los abusos".
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