El Supremo notifica a las instituciones vascas el fallo de la ilegalización de Batasuna "a los efectos legales oportunos"

El Tribunal Supremo acordó ayer comunicar a los Gobiernos autónomos y a los Parlamentos del País Vasco y Navarra, a las Junta Generales de los territorios históricos y a la Junta Electoral Central el fallo de la sentencia de ilegalización de las formaciones Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, "a los efectos legales oportunos", según un comunicado del tribunal.

La notificación oficial del fallo a las instituciones de Euskadi y Navarra tiene por objeto poner en su conocimiento que los partidos citados son ilegales, se ha declarado su disolución y se ha ordenado cancelar sus inscripciones en el Registro de Partidos.

El fallo de la sentencia también proclama que las citadas formaciones deberán "cesar de inmediato en todas las actividades que realicen una vez que sea notificada la presente sentencia".

La sala del Supremo encargada del proceso de ilegalización ha obviado por el momento los escritos que le remitieron el pasado lunes el ministerio fiscal y el abogado del Estado, en los que se pedía la disolución de los grupos parlamentarios y junteros en las instituciones. La Abogacía del Estado extendió la petición de disolución al grupo parlamentario Sozialista Abertzaleak, al que considera "un cambio de denominación" del grupo parlamentario de Batasuna, y pide que sus parlamentarios pasen al Grupo Mixto.

El Parlamento vasco no está por la labor de disolver el grupo de Sozialista Abertzaleak, según dejó claro el consejero de Justicia del Ejecutivo de Vitoria, Joseba Azkarraga, el mismo día en que los demandantes pidieron la ejecución de sentencia. Según Azkarraga, la disolución no conlleva la pérdida de mandato de los electos -cosa que admiten el fiscal y el abogado del Estado- ni la disolución de sus grupos parlamentarios.

Bajo esa premisa, parece inviable que la simple notificación del fallo "a los efectos legales oportunos" vaya a producir la disolución del grupo parlamentario de Sozialista Abertzaleak. Ése es el objetivo final del Gobierno a través de la Abogacía del Estado, pero la cuestión tendrá que ser abordada por el Supremo en próximas reuniones.