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La policía de Barcelona recibe 355 denuncias y practica 48 detenciones al día

Las faltas aumentan más que los delitos, pero la delincuencia se estanca

La policía recibió el año pasado en la ciudad de Barcelona una media de 355 denuncias al día y practicó 48 detenciones. Ésas son algunas de las cifras que dio a conocer ayer la Delegación del Gobierno de Cataluña, el mismo día en que el Consejo de Ministros aprobó el anteproyecto de ley para luchar contra la delincuencia. Los datos oficiales revelan también un estancamiento del número de denuncias en su conjunto y otra cifra positiva: las faltas son cada vez más numerosas que los delitos.

La contención de la delincuencia en Barcelona es un fenómeno que no afecta a prácticamente ninguna otra gran ciudad española, ya que en general en ellas aumentan los delitos. Con todo, las cifras oficiales no dejan de ser espectaculares. El año pasado se presentaron ante el Cuerpo Nacional de Policía 129.770 denuncias. O lo que es lo mismo, 355 diarias. La cifra es casi idéntica a la de 2001, cuando las denuncias fueron 129.850. La diferencia es que cada vez se denuncian más faltas (69.426) y menos delitos (60.344).

Los hurtos, que son las sustracciones sin violencia, siguen siendo el hecho más frecuente de todos (15.448 casos) y el que más aumentó (12,8%). Si lo sustraído vale menos de 300 euros, se considera una falta, y si vale más, un delito. También se produjeron más sustracciones en el interior de vehículos (6,6%) que el año anterior.

Por el contrario, los delitos que más disminuyeron fueron los tirones (de 2.834 a 1.526) y los robos con fuerza (de 8.639 a 7.991). También se redujeron de manera considerable las sustracciones de vehículos (6.768). Los delitos mayores también se mantienen. Los homicidios y asesinatos sumaron 54 casos el año pasado, prácticamente uno por semana, frente a los 56 de 2001. También los delitos contra la libertad sexual bajaron ligeramente (de 348 a 335).

Un portavoz de la Delegación del Gobierno en Cataluña aludió ayer a estas cifras para justificar las reformas aprobadas por el Consejo de Ministros, según las cuales cuando una persona cometa cuatro faltas se considerará ya un delito. "Se trata de reducir los espacios de impunidad que se producen con las leyes actuales", afirmó. El mismo portavoz recordó que de las 17.601 personas detenidas por la policía el año pasado, 515 lo habían sido en cuatro o más ocasiones durante 2002.

Propuesta conjunta

Hace año y medio el Ayuntamiento de Barcelona y la Delegación del Gobierno se coordinaron para luchar contra la pequeña delincuencia, ante el espectacular aumento de ésta. Ambas instituciones propusieron entonces una serie de reformas legales al Gobierno y, coordinadas con la fiscalía y los jueces, tomaron decisiones concretas para atajar la situación.

¿En qué han quedado esas propuestas? Ernest Maragall, portavoz del Ayuntamiento de Barcelona, explica de manera ilustrativa: "Los derechos de autor de las reformas legales que ha aprobado el Gobierno son de Barcelona. Lo que pasa es que nosotros hicimos un diagnóstico, propusimos unas respuestas y un avance jurídico que no se ha respetado". Por ello, no dudó en calificar de "un mal plagio" los nuevos textos legales aprobados por el Gobierno. Ernest Maragall pronostica que los efectos visibles en la calle de la reducción de la delincuencia "pronto se agotarán" y lo que sucederá, añadió, es que se generarán otros problemas, como la masificación de las prisiones.

"Las reformas son de muy poca calidad democrática porque no se prevén medidas penales alternativas, ni justicia local, ni medidas rehabilitadoras. Parece que lo único que se pretende es montar una operación de imagen y preparar un clima electoral", afirmó.

Guillem Vidal, presidente del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, se mostró reservado al evaluar las reformas hasta conocer los textos definitivos, aunque sí adelantó que "mientras las leyes no cambien, se les puede sacar más partido del que se les ha sacado hasta ahora". Vidal y el fiscal jefe de Cataluña, José María Mena, presentaron ayer los juzgados de sentencias ejecutorias penales inferiores a seis años de cárcel que ha estrenado este año la ciudad de Barcelona. Mena también apostó por las medidas penales alternativas y afirmó que las condenas mínimas de cárcel son de "manifiesta inutilidad" para la rehabilitación.

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