El Ministerio de Economía tendrá que revisar ahora la propuesta

Un mes y una semana. Éste es el tiempo que ha necesitado el presidente de Cajasur, el sacerdote Miguel Castillejo, para consumar su decisión de huir de la tutela autonómica y situarse al amparo del Ministerio de Economía. Desde la entrada en vigor de la Ley Financiera, el 23 de noviembre, Castillejo ha dado tres pasos decisivos: primero, la adhesión de Cajasur a la Ley Financiera; segundo, la aprobación de los nuevos estatutos en el Consejo de Administración y por último, la ratificación de estos estatutos en la Asamblea de ayer.

A Castillejo ya sólo le queda un último trámite para ver culminado este proyecto personal: que el Ministerio de Economía dé el visto bueno a los estatutos, que, en opinión de la Junta, vulneran la Ley de Cajas autonómica; la Lorca y la propia Ley Financiera. Cuando el departamento que dirige Rodrigo Rato apruebe los estatutos, Castillejo habrá blindado su posición y la del Cabildo catedral en la caja y estará bajo el abrigo de una Administración amiga.

Desobedecer al obispo

En este empeño, Castillejo no ha dudado en desobedecer al obispo de Córdoba, Javier Martínez, quien pidió que se retrasase la aprobación de los estatutos, y en hacer oídos sordos a todos los llamamientos al diálogo formulados por distintas instituciones como la Junta, la Diputación de Córdoba o el Ayuntamiento de la capital.

Al Gobierno andaluz y a la Diputación les queda ahora la vía legal para intentar corregir la situación creada por Castillejo. Y las iniciativas legales serán varias y en distintas jurisdicciones. Así, Junta y Diputación van a presentar sendas demandas civiles contra la decisión de la Asamblea General celebrada ayer; el Gobierno andaluz presentará un recurso contencioso-administrativo cuando el Ministerio de Economía apruebe los nuevos estatutos, además del recurso que el Parlamento andaluz va a presentar en el Tribunal Constitucional contra de la Ley Financiera.

Los nuevos estatutos establecen que la próxima Asamblea de Cajasur tendrá 120 consejeros en lugar de los 160 actuales. En la reforma, el principal beneficiario es el Cabildo catedral, que contará con 56 representantes y eleva su peso del 35% al 46,6%. Este incremento se hace a costa, principalmente, de los ayuntamientos, que pasan del 27,5% al 16,6%. En el Consejo de Administración, el poder que Castillejo ha reservado para el Cabildo catedral es aún mayor: siete de los 14 vocales (50%).