El naufragio de Aznar

El naufragio del Prestige se ha convertido en un naufragio de mayores dimensiones. Las situaciones críticas son las que ponen a prueba el valor y el carácter de las personas y de los equipos gobernantes. En el caso del Gobierno del PP, la marea de fuel que se abate sobre la costa gallega ha actuado como revelador de su forma de hacer y entender la política, pero también de la distancia enorme que le separa de los ciudadanos. La huelga general de junio mostró la existencia de un divorcio entre la sociedad española y el Ejecutivo, pero la catástrofe medioambiental ha ampliado la brecha. El fulgor del congreso del PP en enero ha dado paso a la angustia de un partido que ha invertido su buena estrella: todo lo que toca se le vuelve ahora en contra.

Una nebulosa envuelve todavía el conjunto de decisiones, indecisiones y ocultaciones que han jalonado el enorme vertido de líquido contaminante. La ristra de preguntas que no han obtenido todavía respuesta es interminable. Ahora estamos ante un Chernóbil español, pero hace escasos días no estaba permitido hablar de marea negra para evitar el alarmismo. Las Fuerzas Armadas están por fin movilizadas y a pie de obra, pero no hace ni una semana que se daba por bueno y suficiente todo lo que se había hecho. Tampoco era necesario convocar un gabinete de crisis, pero ayer se reunió en Moncloa una comisión del Consejo de Ministros, que es lo que más se le parece. El Gobierno ha ido rectificando y corrigiendo sus propias palabras y decisiones sin cesar y sólo ha mantenido el tipo a la hora de exculparse, a costa de los medios de comunicación que no controla y de la oposición, a los que ha acusado de deslealtad y de mercadear con el dolor ajeno.

El pasado jueves, tres semanas después del accidente, el debate sobre la catástrofe llegó al fin a una comisión del Congreso (¿por qué no en un pleno?). No fue el presidente del Gobierno quien asumió la responsabilidad de dar explicaciones a los representantes de los ciudadanos, sino el vicepresidente Rajoy, quien se esforzó por oponer datos a la imagen de ineficiencia, descoordinación y falta de medios que había ido extendiéndose con la misma velocidad que la mancha. Sólo quedó clara su encomiable rapidez a la hora de arbitrar las ayudas económicas a los damnificados, aunque no pudo evitar presentarlo como si fueran de su bolsillo.

Hizo bien Zapatero en asumir personalmente la interpelación al Gobierno. Muchas de sus propuestas han sido adoptadas posteriormente por el Ejecutivo, aunque sin reconocer sus errores en ningún caso. Pero si el Gobierno ha ido a remolque de la oposición, es difícil evitar la peligrosa sensación, extendida sobre todo en Galicia, de que todos los políticos han ido a remolque de la gente y de que ha sido la sociedad la que ha ido por delante de todos, empezando por el Estado, el gran ausente de Galicia en el momento más grave de la catástrofe.

El Prestige constituye una durísima interpelación respecto a las contradicciones y problemas de la llamada sociedad de riesgo. Los ciudadanos han vivido la sensación de que los gobiernos a los que pagan sus impuestos no son capaces de protegerles de determinados peligros, en especial de los que conciernen a la conservación del medio natural. El Prestige ha encendido todas las alarmas: los controles de la circulación marítima en Europa no funcionan, el Estado carece de mecanismos de prevención y de recursos suficientes ante catástrofes de este tipo y la acción gubernamental tiene una lentitud burocrática que los voluntarios han puesto en evidencia. No se trata de una catástrofe natural inesperada sobre la que el hombre carece de control. Es un daño hecho por personas concretas, sometidas a legislaciones internacionales, en el que han intervenido decisiones políticas, como es el caso del errático rumbo del barco. El acuerdo de la UE de cerrar antes de 2004 el paso a los puertos europeos a los barcos monocasco cargados con crudo pesado y sustancias similares es tan lógico como tardío.

Accidentes de este tipo ya habían ocurrido antes, luego cabía esperar planes, medios, alternativas. Pero ello incide en el núcleo de la acción política: las prioridades del Gobierno y los efectos de una ideología que se jacta de reducir el volumen y la capacidad de acción del Estado. El PP ha tenido seis años para resolver los déficit que evidenció el desastre del Mar Egeo. Ahí están los resultados. En la sociedad de riesgo el Estado no puede renunciar a dar los servicios básicos que la protección de la ciudadanía requiere. Ya se han visto los efectos de controlar el déficit a base de reducir las inversiones de las que depende el desarrollo futuro; ahora comprobamos que nada es tan despilfarrador como recortar o poner en manos privadas servicios de los que dependen cuestiones tan básicas como el patrimonio natural de la nación y el trabajo de los ciudadanos.