Los afectados por el pantano de Monòver recaban el apoyo cívico

Los vecinos de varias pedanías agrícolas del campo de Monòver (Vinalopó Mitjà) trasladaron ayer a Alicante su rechazo al proyecto de macropantano de Monòver que anegaría 2.500 hectáreas de cultivos agrícolas y echaría a perder sus cosechas e inundaría sus viviendas. Los afectados recabaron el apoyo de decenas de miles de alicantinos que firmaron contra este pantano.

Tres autobuses procedentes de Monòver llegaron ayer a la Explanada de Alicante. Sus ocupantes, repletos de productos típicos de la comarca del Vinalopó, ofrecieron a los alicantinos vino fondillón, un poco de embutido y frutos secos. Todo ello con el objetivo de demostrar 'las bondades de esta tierra que nos quieren ahogar, y pedir a todos su apoyo para que nos dejen seguir viviendo del campo', comentaba uno de los afectados, Rafael Maruenda, sumergido en una gran masa de gente pidiendo vino y algo para picar.

La iniciativa organizada por la plataforma de afectados por el pantano, y que contó con el apoyo de la Unió de Llauradors y Ecologistes en Acció, sirvió para reunir más de 8.000 firmas de rechazo a la iniciativa. Bajo el lema Por nuestra tierra, nuestra historia y nuestro vino, los agricultores convocantes repartieron decenas de cartas en las que explican las consecuencias que la construcción del embalse de Azorín tendría en la zona.

Según los afectados se perderían dos pedanías y cuatro caseríos, se anegarían 2.700 hectáreas de tierra cultivada que produce cada año ocho millones y medio de uva, con la que se elabora el 25% del vino con denominación de origen en Alicante, y el municipio de Monòver perdería el 8% de la superficie de su término municipal que quedaría anegado por el agua. Estos agricultores consideran que el embalse es una estructura 'excesiva, cara, dañina e irracional' y, sobre la base de estos y otros argumentos, solicitan que se paralice el proyecto y se busque otro emplazamiento con menor impacto.

Por su parte, Carlos Arribas, portavoz de Ecologistes en Acció, sostiene que detrás de este proyecto se esconden 'fuertes intereses urbanísticos y económicos', ya que en las inmediaciones está previsto que se levante una urbanización con 4.500 viviendas. 'No tiene sentido alguno, esperemos que se imponga el criterio y se paralice este proyecto', comentó Arribas. Por su lado, Ernest Blasco, de la Unió, apeló al 'sentido común y la cordura para que la Administración descarte esta barbaridad'. 'Nosotros queremos agua, pero no que aneguen nuestras casas y tierras', agregó Blasco que también cree que el proyecto obedece más a intereses inmobiliarios y privados que a otros criterios relacionados con la agricultura de la zona.