La juez exige a Hacienda que dictamine si hubo delito fiscal en la venta de Olé a Telefónica para crear Terra

La juez que investiga la venta a Telefónica del buscador de Internet Olé -el embrión de Terra- ha dictado un auto en el que exige a Hacienda que presente cuanto antes un informe que aclare si los beneficiarios de la operación cometieron delito fiscal. La juez ha dado un nuevo impulso a la instrucción, apremiada por el abogado del Estado, contrario a cerrar el caso, en el que están implicados el ex consejero de Telefónica Martín Velasco y el fundador de Olé, Josep Vallès, entre otros.

En 1999, el buscador tuvo una revaloración espectacular y casi todas las operaciones se realizaron en el extranjero. Los propietarios de Olé, que lo habían comprado a la Generalitat de Cataluña por 1.202 euros, crearon una sociedad en Luxemburgo con el ex consejero de Telefónica Martín Velasco y se autovendieron el buscador por 18.030 euros. Pocos meses después, Telefónica gastó 18 millones de euros en comprarlo y recompensó a sus promotores con derechos sobre acciones de la futura Terra, que al cierre de ayer tendrían un valor de 28 millones de euros. Todos los beneficios fueron a nuevas empresas creadas en Luxemburgo, Bélgica y Suiza.

En noviembre de 2000, el juzgado de Barcelona que investiga el caso reclamó a Hacienda que elaborara un informe para esclarecer si en la operación hubo delito fiscal, pero 21 meses después la Agencia Tributaria todavía no lo ha presentado. El fiscal ha apreciado indicios de delito y ha reclamado que se impute también al alto cargo de la Generalitat que dio el visto bueno a la primera venta.

En junio, el abogado del Estado remitió un escrito a la juez en el que le pide que exija el informe de Hacienda, que es lo que ha hecho la magistrada en un auto del 5 de julio. En su escrito, el abogado del Estado considera el caso plenamente vigente y rechaza que pueda cerrarse: 'Cualquier persona mínimamente ilustrada, cual es el caso de los querellados, puede conocer, a la vista de los hechos que se imputan, (...) que la cuota presuntamente defraudada pasaría claramente de los 90.000 euros [límite para el delito fiscal]'.