Radiografía de 20 años de Parlamento

El Parlamento de Andalucía no ha escapado a la evolución natural del paso del tiempo y en 20 años las prácticas de la Cámara autonómica han ido variando hasta alcanzar la madurez política, fruto también del aprendizaje democrático. Cuando se cumplen dos décadas desde la constitución de la asamblea legislativa andaluza en los Reales Alcázares de Sevilla, un estudio interno de estos 20 años revela cómo la actividad parlamentaria ha pasado de ser sustancialmente legislativa a de control e impulso al Gobierno. La transformación, dice el trabajo, no sólo se debe a que la promulgación de leyes -pasados los primeros momentos de configuración institucional del autogobierno de la I y II legislaturas- ha ido decayendo de forma natural, sino a la convicción de que la actividad parlamentaria no puede quedar circunscrita a la función legislativa y que las cámaras deben contribuir en la orientación política de la sociedad, trasladando a los gobiernos la percepción que de los asuntos públicos tienen los grupos parlamentarios. También se considera ahora de especial importancia el control del ejecutivo y la transparencia de la información, que distingue a los sistemas democráticos de los dictatoriales.

En la IV legislatura, la de la 'pinza', de las 7 leyes aprobadas, sólo una era del Gobierno

Además de legislar, el Parlamento incide en la orientación política de la sociedad

Como muestra cabe destacar el aumento espectacular de las preguntas orales en pleno (función de control), de 237 contestadas en la I legislatura a 1.259 en la V legislatura; las proposiciones no de ley (impulso), de 51 aprobadas a 539; o las comparecencias y solicitudes de información, de 421 sustanciadas a 3.753.

El crecimiento de las iniciativas de control, información e impulso del Parlamento andaluz y su protagonismo actual, sin embargo, no ha supuesto la reducción drástica de la aprobación de leyes -si bien la Cámara autonómica ha pasado por momentos de escasa productividad en este terreno- ya que, por ejemplo, en la I legislatura (1982-1986) y V legislatura (1996-2000) ha salido adelante el mismo número de textos legislativos: un total de 45.

En un análisis cronológico, el estudio destaca cómo en la I legislatura, con gobiernos de mayoría absoluta presididos por los socialistas Rafael Escuredo y José Rodríguez de la Borbolla, se caracteriza por un conjunto de leyes de contenido institucional (del Himno y Escudo, Ordenación Territorial, Electoral, del Gobierno y Administración, del Defensor del Pueblo) y la puesta en marcha de la actividad económica pública. Además, se incide en los bloques sobre los que la comunidad detenta un amplio espacio competencial: cultura, educación, sanidad y medio ambiente.

La II legislatura es una continuación de la etapa anterior -ampliando las instituciones autonómicas (Cámara de Cuentas, Consejo Andaluz de Municipios, Ley de Relaciones con las Diputaciones y los instrumentos de intervención económica (IFA, Ley de Estadística)-, con un cierto decaimiento al bajar el número de leyes aprobadas a 30, 'reducción fácilmente comprensible por cuanto se encontraban ya reglados los aspectos fundamentales de la organización jurídico-administrativa de la comunidad', matiza el estudio. No obstante, las iniciativas de control e impulso empiezan su carrera ascendente, aunque todavía no tengan un papel protagonista. En esta legislatura se produce una cierta colaboración por encima de lo que suele ser normal entre Gobierno y Parlamento en la tarea legislativa, con cinco leyes que tienen su origen en una proposición de ley (a instancia de un grupo parlamentario y no del Ejecutivo).

En la III legislatura -ya con Manuel Chaves al frente del Gobierno, también de mayoría absoluta- el número de leyes aprobadas cae a 24, cifra materialmente menor si se tiene en cuenta que algunas de ellas son modificaciones de las anteriores o tienen un mero carácter instrumental. Se hace el Consejo Consultivo, en el plano institucional, y se promulgan las leyes de Patrimonio Histórico, Coordinación del Sistema Universitario, Protección Ambiental u Ordenación del Territorio, además de crear las universidades de Almería, Huelva y Jaén.

Hay que destacar que el Parlamento modificó en esta etapa la Ley de Gobierno para otorgar al presidente del Ejecutivo la facultad de disolver anticipadamente la Cámara, potestad no prevista en el Estatuto de Autonomía que había ocasionado no pocos contratiempos al coincidir los periodos reglados electorales (cada cuatro años) con los meses de verano. El sistema político andaluz se equiparó de esta forma al del poder central, lo que permitió posteriormente a Chaves convocar elecciones anticipadas a mitad de la siguiente legislatura, conocida como la de la pinza, al no lograr aprobar por segunda vez consecutiva los presupuestos generales de la comunidad.

La IV legislatura es singular no sólo por su escasa duración (1994-1996), también por la existencia de un Gobierno en minoría (populares e IU sumaban mayoría) al que le resultaba muy difícil llevar a la práctica su programa electoral. De hecho, de los siete textos legislativos aprobados, únicamente uno proviene de un proyecto de ley del Ejecutivo. Desde el punto de vista estrictamente parlamentario, se reforma el Reglamento de la Cámara, con el apoyo de todos los grupos, que varía sustancialmente la mecánica de funcionamiento.

El rasgo característico de la V legislatura, en la que el PSOE forma un Gobierno de coalición con los andalucistas, es la recuperación del pulso legislativo (45 leyes, tras el descenso escalonado a 30, 24 y 7 de los periodos anteriores) y también el incremento de las iniciativas de impulso e información. Según el estudio, la causa de la revitalización legislativa 'hay que buscarla sin duda en el esfuerzo del Gobierno por culminar un programa cuya concreción quedó frustrada' por la brevedad del pasado mandato y su posición minoritaria.

Un primer bloque de leyes tienen como objetivo volver a modificar algunas reformas aprobadas durante la pinza con la oposición PSOE. Es el grupo socialista, a través de proposiciones de ley, el que se encarga promover, por ejemplo, que el director general de la RTVA y los presidentes de las juntas rectoras de los parques naturales vuelvan a ser nombrados por el Gobierno en lugar de por el Parlamento. También se reforma la Ley de Publicidad Institucional.

La ley más importante de la V legislatura, tanto por su intenso debate político como por su trascendencia para el desarrollo económico de Andalucía, es sin lugar a dudas la de Cajas de Ahorro. En el paquete económico destacan igualmente la Ley del Consejo Económico y Social y la Ley de Cooperativas; en el social, las leyes de Drogas, Atención al Menor, Discapacidad o Solidaridad en la Educación; en el sectorial, leyes del Deporte, Turismo, Espectáculos Públicos; y en el medioambiental, la Ley de Incendios Forestales o la de Doñana.

En la legislatura actual, la VI, renovado el pacto de coalición, han sido aprobadas por el momento 17 leyes, cuatro originadas en proposiciones de ley y 13 promovidas por el Gobierno. A mitad del periodo, las iniciativas de control han superado el volumen completo de la etapa anterior, y las de impulso en información crecen a un ritmo muy acelerado, lo que confirma el cambio progresivo del parlamentarismo andaluz.