De vocación pública
Presidir el Círculo de Empresarios vascos marca carácter. Es un club selecto con poco más de 50 patronos, pero todos bien acreditados, que se reúne y opina sobre política y economía. Sus detractores prefieren decir que es más un lobby bilbaíno que vasco. Entre sus filas se encuentra Pedro Luis Uriarte, del BBVA; Alfonso Basagoiti, también del banco vasco; Javier Déniz, de Tubos Reunidos, o Álvaro Videgain, de Tubacex. En este club selecto está José María Vizcaíno, al que otro empresario y amigo suyo definía hace pocos días como un hombre de vocación política: 'Ya era delegado de clase en el colegio'. La vena empresarial le toca de familia, a través del negocio, Ramón Vizcaíno, cuya sede está en Oiartzun (Guipúzcoa).
Vizcaíno cuenta con grandes amigos y grandes enemigos, probablemente no deja indiferente a nadie. Sus detractores le acusan de ser un mal empresario y de hacer política. Sus seguidores le definen como un empresario 'valiente', de los que han dado siempre la cara, cuando nadie en Euskadi se ha atrevido a ocupar cargos representativos. Más allá de la presidencia del Orfeón Donostiarra, que también ocupó, Vizcaíno ha pasado por la presidencia de la patronal guipuzcona, Adegi, y por la de la patronal vasca, Confebask, donde estrenó el cargo.
Desde hace unos meses ha sustituido a Alfonso Basagoiti al frente del Círculo de Empresarios y ha continuado con su línea crítica frente a la deriva soberanista del nacionalismo vasco. Así, hace poco más de diez días lanzó un documento a la calle en el que se criticaba esta actitud, se reivindicaba el Estatuto de Gernika como punto de encuentro de los vascos y se valoraba empresarialmente el coste para Euskadi de la no-España.
Pero más allá de esta vocación pública clara y de su actuación dura contra el chantaje terrorista al empresariado vasco, cuenta con una lado oscuro. Su paso por la empresa familiar ahora vive un momento sosegado, pero en los años noventa lo tuvo turbio. Vive con la sensación de que las instituciones no le apoyaron suficientemente y que, pese a todo, logró sacar adelante a su grupo empresarial. A la suspensión de pagos del año 1996 le siguió la quiebra con un pasivo de casi 14.000 millones de pesetas. La negociación con dos de sus principales acreedores, la Hacienda de Vizcaya, en manos del PNV, y con la Seguridad Social, en las del PP, le permitió una quita que le sirvió para reflotar buena parte del negocio tras un fuerte ajuste laboral. Su negociador fue Martín Auzmedi, ex consejero de Trabajo del Gobierno vasco en representación de Euskadiko Ezkerra en el tripartito EA, PNV y EE.

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