Seis ministerios españoles preparan el bloqueo del dinero de los terroristas

El Gobierno ha creado una comisión interministerial para analizar qué leyes deben ser modificadas a fin de congelar y requisar las cuentas de grupos terroristas y de quienes les apoyen, y para cortar las vías de financiación. El grupo de trabajo, que se reunió por primera vez el martes, pretende cumplir la resolución 1.373, aprobada el 28 de septiembre, por el Consejo de Seguridad de la ONU, que da a los países miembros un plazo de 90 días para que informen de las medidas que hayan adoptado.

La creación de la comisión fue anunciada ayer por el vicepresidente primero del Gobierno y ministro del Interior, Mariano Rajoy, en Roma, donde se reunió con el titular de Interior italiano, Claudio Scajola, para aunar criterios en la lucha contra el terrorismo y la inmigración ilegal.

La comisión está formada por los secretarios de Estado y subsecretarios de los ministerios de Interior, Justicia, Defensa, Hacienda, Economía y Asuntos Exteriores. 'Se van a estudiar las posibles modificaciones legislativas para crear un nuevo marco jurídico e internacional que dificulte lo más posible las vías de financiación de los terroristas', informaron fuentes de Interior.

Rajoy subrayó que 'la resolución 1.373 de la ONU crea un nuevo marco jurídico internacional y su cumplimiento es obligatorio para todos los países miembros', informa Efe. 'La legislación antiterrorista en España está ya muy avanzada', abundó el ministro, quien insistió en que la congelación de los fondos de los grupos que apoyan al terrorismo es 'absolutamente necesario'.

La resolución de la ONU insta a los Gobiernos de los Estados miembros a que 'congelen sin dilación los fondos y demás activos financieros o recursos económicos de las personas que cometan o intenten cometer actos de terrorismo o participe en ellos o facilite su comisión'. Los Estados deberán, además, tipificar como delito 'la provisión o recaudación intencionales' de fondos que puedan servir para perpetrar atentados terroristas.

'España debe y quiere cumplir' la resolución de la ONU, agregó el vicepresidente primero. Las modificaciones pueden afectar al Código Penal, las leyes tributarias o las que regulan el secreto bancario, entre otras, según fuentes del Ministerio del Interior. El plazo para cumplir con el Consejo de Seguridad concluye el próximo 1 de enero.