Los marineros cubanos de Naviera Peninsular piden subastar los buques

Los marineros cubanos confían ahora en una sentencia que les permita cobrar y perder de vista los puertos de Pasajes, Bilbao, Valencia y Cádiz, donde permanecen desde hace casi siete meses. Están contratados por medio de una intermediaria, la sociedad pública cubana Güincho, que paga un porcentaje del sueldo de los marineros directamente a sus familias en Cuba. La defensa de los cubanos argumenta que no había emprendido antes estas acciones legales porque el intento de embargo del buque Biga, antes de la presentación del expediente de suspensión de pagos, en octubre de 2000, no se resolvió hasta hace 15 días. Ahora, con la sociedad en quiebra, declarada el 15 de febrero con efectos retroactivos hasta abril de 2000, los cubanos van a presentar una reclamación en defensa de sus intereses para que los buques sean subastados y cobren sus retrasos.

La tripulación de los cargueros (Kenai, Dreamy, Calabria, Foxe, Feeder V y Crimea) se debe someter a tres legislaciones distintas en función del pabellón de los navíos. La realidad es que tanto el Código de Comercio español como el panameño, así como el convenio de Bruselas de 1926 sobre privilegios marítimos e hipotecas navales, dan a los marineros el carácter de acreedores privilegiados, lo que les permite cobrar los primeros en caso de subasta pública.

Oposición a la subasta

Los cubanos se encontrarán enfrente con el comisario de la quiebra, Javier Santamaría, que previsiblemente hará frente a las pretensiones de los marineros porque ya lo ha hecho en los intentos de arreglo pacífico de la controversia. Los trabajadores cubanos tienen también enfrente a los sindicatos españoles, que ven en los buques una forma de cobrar las propias deudas que tienen con las empresas.

En medio de los intereses de los marineros cubanos que quieren poner fin a su pesadilla española, se encuentra la pelea comercial entre dos familias y dos empresas, la catalana Bergé y la vasca Acha. Estos últimos, propietarios históricos de Naviera Peninsular, vendieron en marzo de 2000 a la familia Bergé la sociedad por 2.000 millones de pesetas, de los que dejaron 800 millones sin abonar, condicionados al estudio de viabilidad de la empresa.

La operación de compraventa está recurrida por la familia Bergé para que sea anulada, aduciendo un error en el consentimiento tras haber analizado la situación de la empresa. La familia Bergé compró la empresa sin realizar diligencias previas. En el momento de la venta se encontraba ya en quiebra técnica.