El PP agota la deuda de RTVV para 2001 y la eleva a 29.500 millones

La operación de crédito a largo plazo, por un total de 15.800 millones, contiene una cláusula que prevé 'un mínimo' de cinco años de carencia. Es decir, los pagos para amortizar el nuevo crédito no empezarán a hacerse efectivos hasta 2006.

Tras la decisión de RTVV de aumentar la deuda del ente público, Miguel Mazón, representante socialista en el consejo, no dudó en calificar de 'escandalosa' la situación económica por la que atraviesa la televisión y la radio públicas valencianas. Mazón denunció, además, que 'prácticamente todo el montante servirá para hacer frente al gasto corriente mientras que tan sólo mil millones se destinarán a inversión'. 'Una inversión', apuntó Mazón, 'consistente en pagar el alquiler a un particular que desconocemos de unos locales para TVV en Alicante'.

Mazón fue especialmente crítico con la decisión de los consejeros del PP de no empezar a amortizar la deuda hasta 'al menos dentro de cinco años', actuación que según el consejero 'trasladará el agujero económico de TVV a futuros gobiernos de la Generalitat'.

Mazón también denunció que la operación de tesorería puesta en marcha por TVV es ilegal y que los consejeros del PP 'piden dinero a la Generalitat sin obedecer a ningún plan de saneamiento del ente'. La también consejera socialista Dolors López, calificó la operaciones aprobadas ayer por el consejo de RTVV como de 'alto riesgo' y aseguró que 'hipotecan el futuro del ente'.

Una opinión compartida por su compañera de partido Marina Gilabert, quien comentó que 'en el futuro el dinero no se podrá gastar en ningún servicio público, ya que hoy se invierte en las Cristina Tárrega y las Marujitas Díaz de turno'.

El consejo aprobó también con los votos del PP la creación de un puesto de jefe de gabinete jurídico con un coste anual de unos 11 millones de pesetas al año. Glòria Marcos, consejera por Esquerra Unida, comentó al respecto que 'el cargo debe de estar pensado para evitar tener que pagar indemnizaciones laborales' en una clara alusión a la sentencia del TSJ que ha considerado irregulares los contratos de nueva actividad para la puesta en marcha de Punt 2.