Las ONG aceptan que los disminuidos paguen según sus rentas las residencias

Con un acuerdo se zanjó ayer el revuelo creado entre las asociaciones de discapacitados por el plan de la Comunidad de contabilizar la renta familiar para fijar cuánto deben pagar por acudir a residencias y centros de día. El Consejo de Representantes de Minusválidos (Cermi), que agrupa a las asociaciones madrileñas, acepta el proyecto del Gobierno regional y éste se compromete a contar con el Consejo para elaborar las tarifas. Del pago quedarán exentos los discapacitados de bajos recursos.

Las siete asociaciones de discapacitados físicos, psíquicos y sensoriales del Cermi mostraron ayer, de forma unánime, su "conformidad con establecer la renta per cápita de la unidad de convivencia como criterio para fijar los precios públicos (de residencias y centros de día) en lugar de un porcentaje sobre la pensión pública del discapacitado". Por su parte, el Gobierno regional se compromete a remitir al Cermi el borrador del desarrollo que realice del sistema de tarifas.La renta per cápita familiar se obtiene al dividir los ingresos netos anuales de todos sus miembros entre 12 meses y entre el número de componentes del hogar. Por ejemplo, en una familia de tres miembros, con ingresos totales de 300.000 pesetas, la renta per cápita del discapacitado es de 100.000 pesetas.

A partir de ahora las asociaciones y el Gobierno regional deberán concretar cuánto van a aportar las familias, elaborando una lista de excepciones. Así, quedarán exentos de pagar por estos servicios aquellos discapacitados que, percibiendo una pensión, tengan una renta per cápita familiar inferior a 40.261 pesetas mensuales. Es decir, 120.000 pesetas de ingresos netos mensuales en una familia de tres miembros.

El resto de los discapacitados deberá pagar hasta el 75% de su renta per cápita familiar por vivir en una residencia y el 37,5% por acudir a un centro de día. Así, el minusválido con una renta per cápita de 100.000 pesetas mensuales abonará 75.000 por la residencia y 37.000 si va a un centro de día.

La consejera de Servicios Sociales, Pilar Martínez, explica que esas 75.000 pesetas "no gravarán la renta del resto de la familia porque numerosos minusválidos tienen ingresos de 60.000 pesetas mensuales a través de pensiones. Eso significa que el disminuido dedicará toda su pensión a pagar este servicio integral y que su familia sólo deberá aportar 15.000 pesetas". "El objetivo es que pague más quien más tiene; aplicar las tarifas sólo en función de la pensión del minusválido sería injusto", apostilla.

La alarma saltó hace dos semanas, cuando miles de familiares de discapacitados atendidos en residencias y centros de día recibieron una carta de la Consejería de Servicios Sociales en la que se les informaba de que a partir de ahora tendrían que pagar hasta el 75% de la renta per cápita familiar (los ingresos totales divididos entre el número de miembros y los 12 meses) por atenciones que ahora eran gratuitas.

La decisión de cobrar por estos servicios parte del Plan Regional de Discapacidad, consensuado con las asociaciones, que persigue unir las dos redes de atención a disminuidos, una pública -gratuita- y otra privada, creada por los familiares ante la escasez de recursos oficiales y obligada a cobrar a sus usuarios. El dinero aportado por los padres (1.300 millones) servirá, junto a 26.000 millones de las arcas regionales, para concertar las plazas privadas y crear una red única.

La consejera cree que la polémica suscitada se ha debido a la desinformación. "La carta que enviamos a las familias no estaba bien redactada y provocó nerviosismo. El tema no se entendió bien, parecía que ya estaba todo decidido cuando, en realidad, todavía tenemos que desarrollar todo el sistema de tarifas y, además, lo vamos a consensuar con las asociaciones".