El fiscal investigará si se cumplió la ley en la detención de Fonseca

Salvo que se encuentren nuevas pruebas, el Ministerio Fiscal no acusará de homicidio, "y menos de asesinato", a los policías que detuvieron al ciudadano de Guinea Bissau Antonio Augusto Fonseca, muerto el pasado 20 de mayo en la comisaría de Arrecife (Lanzarote), pero investigará si se respetaron sus derechos constitucionales en la detención. Así lo anunció ayer el fiscal jefe del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Juan Guerra, tras recibir el informe del fiscal del caso, Miguel Pallarés.Guerra recordó que la experta cuyo peritaje pidió la fiscalía para arbitrar entre los dos forenses que llegaron a conclusiones contradictorias en sus respectivas autopsias -Casimiro Robayna atribuyó la muerte a causas naturales y José Antonio García Andrade, a un golpe en el cuello- descalificó esta última hipótesis. Por ello, agregó, el Ministerio Público no puede imputar a nadie la muerte.

Sin embargo, Guerra no se plantea todavía el archivo de las diligencias ya que, a su juicio, hay aún muchos extremos que aclarar sobre lo sucedido esa noche. El principal de ellos es si se cumplió "escrupulosamente" con el mandato del artículo 520 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, según el cual toda persona detenida debe ser informada "inmediatamente" de los hechos que se le imputan y de los derechos que le asisten, como los de designar abogado, avisar a un familiar o ser reconocido por un médico. El policía que infrinja estos derechos incurre en un delito castigado con inhabilitación y multa.

Según la versión de la policía, Fonseca no llegó a ser informado de estos derechos, ni firmó el acta correspondiente, porque se desplomó cuando estaba esperando a la práctica de dichas diligencias.

"No es normal morirse en comisaría, puede que sea muerte natural, pero la investigación debe continuar", dijo Guerra, quien instó al juez a tomar el protagonismo de la instrucción, para que no "caiga todo el peso" en el fiscal.