Los salarios de los funcionarios en 2001 crecerán el IPC previsto

Los salarios de los empleados públicos de la Administración General del Estado crecerán lo mismo que la previsión de inflación para el 2001, fijada en un principio por el Gobierno en el entorno del 2%, según señaló ayer el secretario de Estado para la Administración Pública, Ignacio González, quien destacó que "como punto de partida, ésa es la posición del Gobierno". La tasa de inflación interanual se situó el pasado mes de junio en el 3,4%, lo que hace muy difícil acabar el año en la tasa de inflación prevista oficialmente (2%). González se reunió ayer con representantes de los sindicatos en el marco de la Mesa General de la Función Pública, en la que los representantes de los sindicatos reclamaron la inclusión de una cláusula de revisión salarial, así como medidas que permitan recuperar el poder adquisitivo perdido durante este año.

Los representantes de UGT afirmaron que no admitirán que los empleados públicos paguen las consecuencias de las "previsiones erróneas" de inflación del Gobierno, por lo que pidieron la recuperación del poder adquisitivo y las medidas necesarias para que "esta situación no se vuelva a repetir el próximo año".

Por su parte, CC OO consideró que los Presupuestos Generales del Estado para 2001 deberían contener dotación presupuestaria suficiente que compensara la desviación del IPC, y propusieron la inclusión de la cláusula de revisión salarial en un acuerdo general para el ámbito de la Administración del Estado.

Por otro lado, ambas partes coincidieron en la necesidad de incrementar las medidas tendentes a mejorar la calidad del empleo y reducir la tasa de temporalidad en el sector público, que actualmente se sitúa en el 19,5%.

La intención del Gobierno, según el secretario de Estado para la Administración Pública, es adoptar medidas tendentes a conseguir un empleo "más estable y de mayor calidad" en las administraciones públicas. Por ello, el Ejecutivo ha propuesto a los sindicatos la posibilidad de abrir una mesa específica de negociación para combatir la precariedad laboral en el sector público.