Más presión

El crecimiento de la presión fiscal en España en 1999, periodo en el que los españoles pagaron por impuestos el 35,37% de toda la riqueza generada en el país (0,67 puntos más que en 1998), confirma que la retórica de la reducción de impuestos que muchas veces se maneja debe matizarse; se trata más bien de un recorte de los gravámenes directos. Todo Gobierno tiene derecho a proponer el modelo que considera más conveniente, y el de Aznar ha elegido rebajar los impuestos directos y confiar en que la prosperidad económica eleve la recaudación por impuestos indirectos: IVA, carburantes, alcohol, tabaco, etc. Y así ha sido. Desde 1996, la presión fiscal ha crecido en algo más de dos puntos del PIB, lo que equivale a decir que los españoles tributan hoy casi dos billones de pesetas más. Que los impuestos indirectos sean indoloros no significa que no salgan de sus bolsillos.El crecimiento de los impuestos indirectos no se debe solamente al aumento de la riqueza. De hecho, la recaudación de las administraciones ha subido más que el crecimiento de la economía y han aparecido nuevas figuras impositivas, como las que gravan las primas de seguros de vida, los fondos de inversión o los alquileres de inmuebles. En las cuentas públicas todo debe cuadrar, y no hubiera sido posible rebajar lo que pagan los ciudadanos por IRPF en un entorno económico que no permitiera aumentar los ingresos por otros impuestos. La evolución tributaria de este año permitirá comprobar si la reforma del IRPF ha bajado las contribuciones de los ciudadanos a cuenta de su renta personal y en qué medida lo que los españoles no han pagado por sus ingresos directos lo han entregado con creces en los productos y servicios que consumen.

La Comisión Europea ha adelantado la advertencia de que la reducción de impuestos no podrá mantenerse si no va acompañada de recortes del gasto que afiancen la disciplina presupuestaria. La línea de actuación que propone es clara: la carga fiscal de los 11 países del euro debe bajar porque está por encima de la de sus competidores estadounidenses y japoneses. Para que esa reducción sea permanente sin afectar a la estabilidad, la reducción del gasto público debe ser permanente y trasladar el peso de los tributos que gravan el empleo hacia otras áreas. La razonable apelación de la Comisión se convierte así en un motivo de reflexión específica para el Gobierno español, que tendrá que definir además en qué capítulos reduce el gasto público y sobrellevar las consecuencias políticas de esa disminución.