La Fundación Jiménez Díaz rescinde el contrato al jefe de hepatología a propuesta del director gerente

El patronato de la Fundación Jiménez Díaz (FJD) acordó ayer rescindir el contrato de Vicente Carreño, médico especialista en medicina interna que ocupaba la jefatura del servicio de hepatología, y aseguró que este hecho no afectará a la atención de los pacientes.La decisión, según una nota de prensa, se adoptó en una reunión ordinaria a propuesta de la dirección gerencia y tras escuchar a la junta facultativa, máximo órgano asesor de la institución, que en un informe considera "incalificable" la conducta de Carreño, e "injustificables" las denuncias contra algunos órganos rectores de la institución.

En declaraciones a Efe, Carreño rechazó que haya efectuado denuncia alguna contra la fundación y agregó que únicamente pidió la mediación del Colegio de Médicos de Madrid, "angustiado" ante la actuación del director médico, Fernando Martín Calderín. El patronato acordó también hoy ratificar las decisiones tomadas en la reunión del pasado día 31 de enero, en relación con la denuncia del convenio de la Fundación para el Estudio de las Hepatitis Virales, que preside Carreño, y facultó al director gerente de la FJD para determinar la forma y tiempo de la posible resolución del convenio.

En el informe de la junta facultativa al patronato se considera "incalificable la conducta del doctor Vicente Carreño, jefe del servicio de hepatología, e injustificables las denuncias que ha llevado a cabo contra órganos rectores de esta fundación. En consecuencia, la junta facultativa insta al patronato rector a que aplique las medidas disciplinarias oportunas". Por su parte, Carreño también expresó su "preocupación" porque desde hace tiempo no se le facilitan reactivos de diagnóstico para sus pacientes, algo que consideró "gravísimo", ni tampoco camas para hacer biopsias hepáticas.

Respecto a la resolución del convenio entre la Fundación Jiménez Díaz y la Fundación de Estudio de Hepatitis Virales, Carreño manifestó que se ha pedido un interdicto judicial, que se resolverá el próximo jueves, porque considera "que la medida es ilegal".

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