Una broma

: ÉLIX BAYÓN

La Junta de Andalucía ha adolecido siempre de cierta pereza legislativa. O bien porque eran correligionarios socialistas los que gobernaban el Estado y ellos se ocupaban de estas cosas, o porque aquí había una pinza o vaya usted a saber por qué... El caso es que nuestra comunidad carece de leyes de las que hace tiempo se dotaron otras autonomías. Seguimos, por ejemplo, sin una Ley del Suelo -mil veces prometida- lo que nos convierte en más vulnerables que otros a los desmanes de los especuladores. Tampoco teníamos un Consejo del Audiovisual, órgano del que se vienen dotando otras comunidades.

Lo del Consejo Andaluz del Audiovisual fue una iniciativa del Foro Andalucía en el Nuevo Siglo, que el PSOE incluyó en su programa electoral. Se trataba de crear un organismo independiente que, entre otras cosas, "actuara de garante democrático en el ejercicio de la libertad de expresión" y "velase por la dignidad de los contenidos".

En algún momento de la campaña electoral, se llegó a exhibir este proyecto de Consejo como ejemplo de independencia y "alternativa de progreso" frente al intento del Gobierno del PP de controlar los medios de comunicación. Pero, mientras se hacían estas promesas, sigilosamente, el pasado 7 de febrero, el Consejo de Gobierno aprobaba la creación de un Consejo Superior Andaluz del Audiovisual que no se ha conocido hasta que, ya pasadas las elecciones, apareció en el BOJA.

El decreto más bien parece una broma. El prometido organismo independiente se convierte de pronto en un mero instrumento de la Consejería de Cultura con unas funciones completamente aguadas respecto a las sugerencias del Foro; sugerencias, que, por otra parte, coincidían con las que venían haciéndose desde el ámbito académico.

El estupor que ha provocado el decreto sólo ha sido superado por las explicaciones dadas por el consejero de la Presidencia en funciones, Gaspar Zarrías, que ha afirmado en este periódico que todo ha sido un error, una especie de desliz terminológico: le han llamado Consejo Superior del Audiovisual como le podían haber llamado Comité Asesor, Tribunal de las Aguas o Hermandad de la Columna. Increíble.

Zarrías ha prometido que todo se arreglará cuando llegue el nuevo Gobierno. Si es un error, sería interesante conocer el nombre de los responsables. A partir de entonces, se podría volver a tratar en serio este asunto. Lo del audiovisual no es para tomárselo a coña: en estos tiempos, la mayor fuente de empleo y riqueza es la industria del entretenimiento. Merece la pena abordar el asunto con ambición política y dejarse de frivolidades.

Como modelo puede servir muy bien el puesto en marcha por los socialistas franceses, del que el pintoresco decreto de la Junta calcaba sólo el nombre de Consejo Superior del Audiovisual: un Consejo ejecutivo con independencia política del que dependa todo. Desde el nombramiento de los responsables de la radiotelevisión pública, hasta el reparto de frecuencias, pasando por el control de contenidos y la defensa contra los abusos de los medios. En fin, algo propio de una sociedad moderna, en la que las chapuzas y frivolidades de algunos dirigentes políticos deberían de ser excepción.